Honduras y la institucionalización del régimen golpista

La crisis hondureña finalmente se resolvió “por el lado malo”: el régimen golpista pretende su consolidación mediante las ilegítimas elecciones que tuvieron lugar el 29 de Noviembre. La Casa Blanca ha declarado que los resultados del comicio serán admitidos como válidos lográndose así la normalización de la vida democrática y poniendo fin al “interinato” de Micheletti, eufemismo con el que desde un principio Washington caracterizó al golpe de Estado de la oligarquía hondureña. De este modo las groseras violaciones a los derechos humanos y los atropellos a las libertades democráticas que signaron toda la campaña electoral serán condenados al olvido. Este penoso desenlace había sido anticipado por diversos representantes de la derecha republicana, que impuso como una de sus condiciones para ratificar la designación de Arturo Valenzuela como Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos el pleno reconocimiento de unas elecciones que por sus insanables anomalías deberían ser declaradas nulas de nulidad absoluta. Esta resolución de la crisis tiene un significado que excede con creces la política hondureña: marca el inicio de una nueva etapa, por cierto que involutiva, en la cual Estados Unidos retoma su tradicional política de apoyo a los golpes militares y a los regímenes autoritarios afines con los intereses imperiales y ratifica el carácter hipócrita y vacío de la retórica democrática permanentemente enunciada por Washington. Conviene aprender la lección: de ahora en más, democrático vuelve a ser todo régimen que se somete incondicionalmente a los designios norteamericanos; autoritario, populista o despótico será aquel que defienda su independencia y autodeterminación.

Por su parte, El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, anunció el lunes 30 de noviembre que no aceptará su restitución al cargo para legalizar las cuestionadas elecciones que se realizaron el domingo, e insistió en que este proceso se debe anular para recobrar la institucionalidad en la nación.

"Ni restitución para legitimar el golpe ni para avalarles un proceso que está totalmente viciado de nulidad", subrayó Zelaya en declaraciones a Radio Globo.

Zelaya agregó que "ni la restitución bajo las condiciones de legalizar este fraude electoral puede ser aceptado alguien como su servidor, que lucha por principios". Asimismo, reiteró sus denuncias de que la abstención superó el 60 por ciento, frente al 61, 3 por ciento de participación que aseguran las autoridades electorales de facto de Honduras.