El día viernes 29 de Enero, el Diario Oficial, publicó la Resolución que declara la cancelación de la legalidad de 7 partidos políticos, de los 14 existentes a diciembre de 2009, y que participaron en la elección parlamentaria. Estos son: Partido Comunista de Chile, Partido Humanista, Partido Ecologista, Fuerza País, Partido Izquierda Cristiana de Chile, Chileprimero y Movimiento Amplio Social. La razón legal: no haber alcanzado el 5% de la votación en las regiones en que se encuentran legalmente constituidos, o, en a lo menos, 3 de ellas que sean contiguas, y no haber elegido 4 parlamentarios en las elecciones del día 13 de Diciembre. Todo esto en virtud de la ley Nº 18.603, de Partidos Políticos, una de las joyitas jurídicas del andamiaje antidemocrático impuesto por la dictadura y que se mantiene hasta hoy.
Cabe destacar que los partidos que conservan su legalidad forman parte de las 2 grandes coaliciones políticas, que han gozado, hasta ahora, de las bondades del binominalismo, sin realizar los esfuerzos necesarios para cambiarlo, faltando a todo tipo de promesas y compromisos realizados en ese sentido. El Partido de los Regionalistas Independientes (PRI) conserva su legalidad, a pesar de elegir 3 diputados, igual que el Partido Comunista, pero obteniendo mas del 5% en 3 regiones contiguas.
A lo anterior es necesario agregar como dato relevante que entre 2004 y 2009, otros 9 partidos políticos iniciaron sus trámites de formación y no lograron concluirlos, por lo tanto fueron caducados, sin tener la posibilidad de participar de la vida política nacional.
Hasta aquí la fundamentación de lo resuelto por el Servicio Electoral y que se hace efectivo el 22 de Abril de 2010.
La ley de partidos políticos y todas las leyes del sistema electoral responden a la lógica antidemocrática de la dictadura de Pinochet, que busca coartar la participación de los ciudadanos de manara organizada en la política, colocando requisitos prácticamente inalcanzables para constituir y mantener partidos si no se tiene el dinero o el poder para ello. En efecto, para constituir un partido que actúe en todo el país, se requiere reunir 36.317 firmas, ante notario, de personas inscritas en los registros electorales, en un plazo de 210 días.
Para lograr ese objetivo, MEO declaró haber gastado más de 30 millones de pesos en notarios, a lo que se debe agregar 70 millones de pesos en frases radiales y unos 20 millones más en impresos, gastos de envío, gastos administrativos, personal, etc. Es decir, una campaña de firmas de alcance nacional cuesta más de 120 millones de pesos. Objetivamente, entrar al sistema político no es fácil. Y si no es fácil entrar, tampoco lo es mantenerse, pues; como esta dicho, hay que elegir 4 parlamentarios o tener el 5% de la votación nacional, que, incluye los votos blancos y nulos, o tener el 5% en 3 regiones contiguas geográficamente.
EL CASO DEL PC.
En la pasada elección de diciembre de 2009 fue de público conocimiento que el PC realizó un acuerdo electoral con la Concertación cuyo propósito central era lograr romper y superar la exclusión del parlamento, lo que se tradujo en llevar candidatos en sólo 9 de los 60 distritos y, llevar candidatos realmente competitivos, con posibilidades de ser electos, en 4 distritos. Por lo tanto al PC, políticamente, hay que medirlo por los 9 distritos donde tuvo candidatos y no por los 51 distritos donde no compitió.
Si revisamos las votaciones del PC en los distritos en que tuvo candidatos, los resultados superan con creces los porcentajes requeridos por la ley:
Hugo Gutiérrez, en el distrito 2, obtiene 28.217 votos, con el 30,31%.
Lautaro Carmona, en el distrito 5, obtiene 17.022 votos, con el 27,87%.
Guillermo Teillier, en el distrito 28, obtiene 49.040 votos, con 33,52%.
Cristian Cuevas, en el distrito 46, obtiene 22.326 votos, con 22,92%.
Es decir, donde los comunistas compitieron con posibilidades reales, de un universo de 397.895 votos en disputa, obtuvieron 116.205 votos, con un 29,30%. Casi 1 de cada 3 chilenos voto por un comunista.
Si a estas votaciones agregamos las obtenidas en los distritos 11 – 35 – 39 – 40 y 57 en que los candidatos comunistas acompañaban a los candidatos de la concertación, con casi nulas posibilidades de ser elegidos, las cifras indican lo siguiente: de un universo de 826.890 votos en disputa, la totalidad de candidatos del PC obtienen 134.318 votos, con el 16,24%, más de 3 veces lo que exige la ley para mantenerse dentro del sistema.
Otro dato político importante, que la ley no considera, es que el compañero Jorge Arrate, candidato del Juntos Podemos, del Frente Amplio y de muchos independientes de izquierda, pero que, legalmente, compite como candidato inscrito por el Partido Comunista de Chile, obtiene 433.195 votos, con 6,21%. Este dato es relevante porque permite proyectar de alguna manera que si el PC hubiese llevado candidato en los 60 distritos habría obtenido una votación suficiente para mantener su legalidad.
Estos datos son un categórico desmentido, por si solos, a quienes han sostenido en estos días que es razonable que el PC pierda su legalidad porque no tiene respaldo de votos.
Todo lo anterior, demuestra que no puede ser democrática una ley que de una plumada elimina del sistema a 7 partidos de los 14 existente e impide la formación de 9 partidos en un corto período y que tiene altísimos requisitos para entrar al sistema y le exige a los partidos, cada 4 años, obtener altas votaciones o elegir 4 parlamentarios, guarismos difíciles de alcanzar por fuerzas políticas alternativas o emergentes, favoreciendo a los grandes partidos y coaliciones.
Un sistema democrático debe favorecer la asociación de todos los ciudadanos por sus ideas políticas y facilitar la más amplia participación en todos los asuntos de la vida nacional, tanto de las mayorías como de las minorías que quieran expresarse.
El artículo Nº 1 de la Ley de Partidos políticos señala: “Los partidos políticos son asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurídica, formadas por ciudadanos que comparten una misma doctrina política de gobierno, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional”. Parece ser un correcto enunciado, pero la propia ley se encarga de generar las trabas a su concreción y restringe la actividad de los partidos a las elecciones y al ejercicio del poder, restándoles todo rol en otras esferas de la vida nacional.
La legalidad del PC se puede reestablecer, porque es una fuerza política significativa, por su historia, por sus luchas, porque hoy tiene 3 diputados, 4 alcaldes, 47 concejales, varios consejeros regionales, cientos de dirigentes sindicales, sociales, de DD.HH., de la cultura, estudiantiles, juveniles, de mujeres, etc., en definitiva por su arraigo en la sociedad chilena. Podemos juntar, una vez más, las 36.317 firmas a lo largo del país, podemos fusionarnos con otro partido en la misma situación o que se esté constituyendo o podemos presentar una iniciativa legislativa, apenas se instale el parlamento, que elimine las trabas antes descritas, cuestión de la cual ya existen precedentes. Así mismo se requiere una modificación a las restricciones que la ley les impone a los dirigentes sindicales, quienes deben renunciar a sus cargos para ser candidatos y que luego los priva por 2 años para retomar sus cargos dirigenciales. Aquí ya hay dos peleas que dar en el parlamento, apoyadas en la movilización social y en la demanda popular, que probaran la voluntad democrática de todos los sectores, sobretodo de la derecha, pues se requieren quórum calificados para implementarlas.
Pero lo que debe estar, en definitiva, en el primer lugar de la orden del día es la necesidad de generar las mayorías necesarias para lograr lo que 3 candidatos presidenciales sostuvieron en sus campañas y que quedara establecido en el compromiso asumido y concordado por las fuerzas que apoyaron a Arrate y Frei, traducido en 12 puntos, y que los encabeza, la necesidad del cambio de la Constitución Política pinochetista, en la cual esta normado el sistema electoral antidemocrático existente, y dar paso a un estado verdaderamente democrático, reemplazando al actual que sólo tiene espacios que merecen el calificativo de democráticos.
Para lograr ese objetivo la movilización social y la lucha parlamentaria irán, férreamente, de la mano.
Ricardo Solé Cerda.
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martes, 16 de febrero de 2010
lunes, 15 de febrero de 2010
Los Comunistas y la Nueva Forma de hacer Politica
Los tres diputados electos por el Partido Comunista en las últimas elecciones parlamentarias, tendrán un sueldo como profesional, informaron fuentes partidarias.
Así confirmó a Crónica Digital el ex diputado y ex ministro del gobierno de Salvador Allende, José Cademartori, quien reveló que Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez, entregaran su dieta parlamentaria a partir de marzo de este año a su partido y que éste les entregará un sueldo que es asimilado a la realidad particular de cada uno de ellos.
Según información de la Cámara de Diputados, la dieta de libre disposición que recibirán los legisladores para este año 2010 es de 4 millones 978 mil 479 pesos, sin contar viáticos y otros ingresos por distintos conceptos.
Con esta medida, el PC retoma la tradición histórica, instaurada por Luis Emilio Recabarren, de que sus diputados en el Congreso Nacional entreguen su dieta parlamentaria al partido y este define los sueldos de sus legisladores.
Cademartori, señaló que los recursos que recibirán sus congresistas serán destinados al mantenimiento del PC en todo el país y a la organización del movimiento popular.
La determinación del PC da inició a una nueva forma de hacer político o mejor dicho, recupera la ética en política, especialmente en el parlamento que tras 20 años de funcionamiento, es una de las instituciones que peor prestigio tiene en la ciudadanía por los diversos escándalos de sus integrantes en el último tiempo.
HISTORIA DE LA” DIETA” DE LOS PARLAMENTARIOS COMUNISTAS
El cuatro veces diputado por el distrito de Santiago, recordó que la dieta de los parlamentarios comunistas viene desde los tiempos del movimiento comunista internacional, especialmente con Lenin, cuando este propuso a sus legisladores en el Parlamento Ruso que estos deberían entregar sus dietas al partido y que su colectividad les fijaría un sueldo de “obrero calificado”.
Explicó que esta tradición ha sido tomada por los distintos partidos comunistas del mundo. “En el caso de Chile, fue Luis Emilio Recabarren quien propuso esta modalidad cuando él fue diputado y que continuó hasta 1973 y que hoy, nuestros parlamentarios la han asumido”.
Al ser consultado sobre si todos los legisladores comunistas recibían un mismo estipendio, el también varias veces jefe de la bancada comunista, señaló que:”Las remuneraciones que entregaba el partido era de acuerdo a las realidades de cada legislador. Me refiero a la cantidad de hijos o de sus oficios o profesiones, todo eso se tomaba en cuenta”.
“La idea central es que nuestros diputados vivan modestamente. En mi caso se propuso la misma idea antes de ser candidato en el año 1957, en momentos en que era funcionario de la CORFO y yo acepté, sabiendo que la renta que recibía como un alto funcionario público no iba a ser la misma que como parlamentario comunista”, recuerda Cademartori.
Para el miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital, la actual dieta parlamentaria “dista mucho de la que recibíamos en aquellos años. Hoy es mucho mayor. Algunas cosas –me refiero a los dineros que entrega la Corporación a los parlamentarios- se pueden justificar como otras no. Nuestros compañeros en su momentos entregarán una propuesta sobre el particular”.
EL NUEVO ESTILO DE HACER POLITICA
Cademartori, reveló que con la llegada de los comunistas al Parlamento se inaugura una forma de hacer política: “Nuestros diputados recibirán a todos y todas aquellas personas, líderes y organizaciones de la comunidad que quieren exponer sus posiciones sobre tal o cual proyecto de Ley”.
“Para nosotros es importante ser la voz de los sin voz. Los sindicatos, las juntas de vecinos, es decir, toda la comunidad tendrán en nuestros diputados su voz en el Parlamento”, subrayó el economista.
Cademartori, aseguró que los legisladores de su sector “no fomentarán el clientelismo político”, por al contrario, “nuestra existencia como partido es formar a la gente y entregarles las herramientas para luchar por sus derechos, además, es ayudar a elevar la calidad moral de las organizaciones de la ciudadanía. Esa es nuestra misión. Nosotros no estamos por el clientelismo político, pero si relacionarnos con la gente y sus organizaciones naturales”.
Para el miembro del Comité Central del PC, la tarea de sus camaradas en el Congreso –aunque hoy son solo tres- es luchar contra el individualismo y aportar para que la gente tenga una visión más solidaria y colectiva.
En ese sentido, el destacado militante comunista, reveló que su colectividad está haciendo todos los esfuerzos para armar una bancada, para ello, sostuvo que: ”Ya hemos contado con el apoyo de los diputados del Partido Socialista y Por la Democracia, además estamos buscando apoyos de los radicales e independientes”.
El objetivo de la bancada comunista, -según Cademartori- es tener una oposición que defienda las conquistas de los trabajadores y que impida el desmantelamiento del Estado chileno.
El economista fue diputado por el distrito de Santiago en los periodos de 1957 a 1961, de 1961 a 1965, 1965 a 1969 y de 1969 a 1973, dijo que “si se logra tener una bancada en el parlamento, los legisladores podrán participar en varias comisiones, además de presidir alguna de ellas”.
En ese sentido, el ex ministro de Economía de Salvador Allende, reveló que Hugo Gutiérrez ha manifestado su intención de participar en las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, en tanto, Guillermo Teillier, ha señalado que le guitaría estar en la comisión de Trabajo, por su parte, Lautaro Carmona, manifestó su intención de participar en la de Minería. Leer más...
Así confirmó a Crónica Digital el ex diputado y ex ministro del gobierno de Salvador Allende, José Cademartori, quien reveló que Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez, entregaran su dieta parlamentaria a partir de marzo de este año a su partido y que éste les entregará un sueldo que es asimilado a la realidad particular de cada uno de ellos.
Según información de la Cámara de Diputados, la dieta de libre disposición que recibirán los legisladores para este año 2010 es de 4 millones 978 mil 479 pesos, sin contar viáticos y otros ingresos por distintos conceptos.
Con esta medida, el PC retoma la tradición histórica, instaurada por Luis Emilio Recabarren, de que sus diputados en el Congreso Nacional entreguen su dieta parlamentaria al partido y este define los sueldos de sus legisladores.
Cademartori, señaló que los recursos que recibirán sus congresistas serán destinados al mantenimiento del PC en todo el país y a la organización del movimiento popular.
La determinación del PC da inició a una nueva forma de hacer político o mejor dicho, recupera la ética en política, especialmente en el parlamento que tras 20 años de funcionamiento, es una de las instituciones que peor prestigio tiene en la ciudadanía por los diversos escándalos de sus integrantes en el último tiempo.
HISTORIA DE LA” DIETA” DE LOS PARLAMENTARIOS COMUNISTAS
El cuatro veces diputado por el distrito de Santiago, recordó que la dieta de los parlamentarios comunistas viene desde los tiempos del movimiento comunista internacional, especialmente con Lenin, cuando este propuso a sus legisladores en el Parlamento Ruso que estos deberían entregar sus dietas al partido y que su colectividad les fijaría un sueldo de “obrero calificado”.
Explicó que esta tradición ha sido tomada por los distintos partidos comunistas del mundo. “En el caso de Chile, fue Luis Emilio Recabarren quien propuso esta modalidad cuando él fue diputado y que continuó hasta 1973 y que hoy, nuestros parlamentarios la han asumido”.
Al ser consultado sobre si todos los legisladores comunistas recibían un mismo estipendio, el también varias veces jefe de la bancada comunista, señaló que:”Las remuneraciones que entregaba el partido era de acuerdo a las realidades de cada legislador. Me refiero a la cantidad de hijos o de sus oficios o profesiones, todo eso se tomaba en cuenta”.
“La idea central es que nuestros diputados vivan modestamente. En mi caso se propuso la misma idea antes de ser candidato en el año 1957, en momentos en que era funcionario de la CORFO y yo acepté, sabiendo que la renta que recibía como un alto funcionario público no iba a ser la misma que como parlamentario comunista”, recuerda Cademartori.
Para el miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital, la actual dieta parlamentaria “dista mucho de la que recibíamos en aquellos años. Hoy es mucho mayor. Algunas cosas –me refiero a los dineros que entrega la Corporación a los parlamentarios- se pueden justificar como otras no. Nuestros compañeros en su momentos entregarán una propuesta sobre el particular”.
EL NUEVO ESTILO DE HACER POLITICA
Cademartori, reveló que con la llegada de los comunistas al Parlamento se inaugura una forma de hacer política: “Nuestros diputados recibirán a todos y todas aquellas personas, líderes y organizaciones de la comunidad que quieren exponer sus posiciones sobre tal o cual proyecto de Ley”.
“Para nosotros es importante ser la voz de los sin voz. Los sindicatos, las juntas de vecinos, es decir, toda la comunidad tendrán en nuestros diputados su voz en el Parlamento”, subrayó el economista.
Cademartori, aseguró que los legisladores de su sector “no fomentarán el clientelismo político”, por al contrario, “nuestra existencia como partido es formar a la gente y entregarles las herramientas para luchar por sus derechos, además, es ayudar a elevar la calidad moral de las organizaciones de la ciudadanía. Esa es nuestra misión. Nosotros no estamos por el clientelismo político, pero si relacionarnos con la gente y sus organizaciones naturales”.
Para el miembro del Comité Central del PC, la tarea de sus camaradas en el Congreso –aunque hoy son solo tres- es luchar contra el individualismo y aportar para que la gente tenga una visión más solidaria y colectiva.
En ese sentido, el destacado militante comunista, reveló que su colectividad está haciendo todos los esfuerzos para armar una bancada, para ello, sostuvo que: ”Ya hemos contado con el apoyo de los diputados del Partido Socialista y Por la Democracia, además estamos buscando apoyos de los radicales e independientes”.
El objetivo de la bancada comunista, -según Cademartori- es tener una oposición que defienda las conquistas de los trabajadores y que impida el desmantelamiento del Estado chileno.
El economista fue diputado por el distrito de Santiago en los periodos de 1957 a 1961, de 1961 a 1965, 1965 a 1969 y de 1969 a 1973, dijo que “si se logra tener una bancada en el parlamento, los legisladores podrán participar en varias comisiones, además de presidir alguna de ellas”.
En ese sentido, el ex ministro de Economía de Salvador Allende, reveló que Hugo Gutiérrez ha manifestado su intención de participar en las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, en tanto, Guillermo Teillier, ha señalado que le guitaría estar en la comisión de Trabajo, por su parte, Lautaro Carmona, manifestó su intención de participar en la de Minería. Leer más...
El Pasado Oscuro del Nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto
El nombramiento del nuevo cargo de las Fuerzas Armadas ocurre cuando aún pesa sobre el ex general del Ejército una causa como imputado por el asesinato de 22 campesinos de Paine el año 1973.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó el nombramiento -por parte de la Presidenta Michelle Bachelet- de Cristián Le Dantec, como Jefe del Estado Mayor Conjunto, nuevo cargo que lo ubica a la cabeza de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas de nuestro país, por debajo del Jefe de gobierno y del Ministro de Defensa Nacional.
Mediante un comunicado público, la Agrupación señala que luego del nombramiento, surgen interrogantes que deberán dilucidarse prontamente para que esta nueva responsabilidad sea asumida con la autoridad moral que un cargo de esta naturaleza requiere.
“En el caso de le Dantec no se cumple con esta premisa, ya que el es uno de los cuatro generales del Ejército que figuran en la lista de imputados por el asesinato de 22 campesinos de Paine el año 1973. Este solo antecedente, sumado a la declaración que tuvo que prestar Le Dantec ante el Ministro en Visita de la Corte de San Miguel, Héctor Solís, por el asesinato de los 22 campesinos, lo inhabilita moralmente para se Jefe del Estado Mayor” señala el comunicado.
La referencia a este caso se da por el hecho de que la causa, investigada por el Juez Héctor Solís aún mantiene el caso abierto y citó a declarar en dos ocasiones al ex general del Ejército. De todas maneras, Solí aclaró que según el curso de la investigación, “hasta la fecha no se ha dictado ninguna resolución que signifique tenerlo como parte en este proceso”, lo cual de todas maneras no significa que eventualmente en el futuro sí pueda ocurrir.
“El juez Solís aún indaga para conocer la identidad de otros dos oficiales que, según testigos, participaron en los hechos junto a Andrés Magaña, quien ya está procesado. Uno de ellos sería Le Dantec y en tanto esta sospecha de participación no sea resuelta, Le Dantec simplemente no puede asumir la responsabilidad que le ha sido asignada. Si su nombre es objeto de sospecha de un asesinato vil y alevoso, mal puede asumir tan alta investidura”, señala el documento entregado por la AFDD.
El comunicado también hace mención al hecho de que aún existiendo estos antecedentes judiciales, de los cuales el Ejecutivo estaba en conocimiento, se haya mantenido como director de finanzas del Ejército y que tanto el Ministerio de Defensa como la Presidenta de la República hayan obviado los hechos que lo inhabilitan, designándolo como jefe del Estado Mayor.
Los cuatro oficiales sospechosos, entre los que se encuentra Le Dantec, declararon ante el Juez Solís luego que se conociera públicamente que en 1973, cuando eran subtenientes, pasaron por la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar del operativo que concluyó con los fusilamientos de los 22 campesinos en una quebrada próxima al Lago Rapel.
“La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, exige a las autoridades pertinentes que esta designación sea revisada a luz de los antecedentes judiciales existentes y Le Dantec sea cesado de esta función, reiterando que quién esté involucrado o sea sospechoso de haber participado de violaciones a los derechos humanos no puede ocupar cargo alguno y debe ser removido de las filas de las instituciones armadas” finaliza el comunicado.
En tanto, el abogado querellante en la causa, Hiram Villagra, manifestó que “aquí hay dos hechos que son extremadamente preocupantes, uno es el hecho de que esto demuestra que es tremendamente factible hacer carrera, llegar a los más altos escalafones de los institutos armados teniendo pasado oscuro. El hecho de que él haya sido sindicado como persona responsable y vincular con la desaparición de 22 campesinos en Paine, habla de entrecruzamiento de los hechores personales con los que se supone tenían la responsabilidad de aportar. Hay que pensar todo lo que fue el montaje en torno al anuncio del ejército diciendo que estos cuerpos habían sido arrojados al mar siendo que en estos momentos hay restos que muestran la falsedad de estas versiones”.
El abogado agregó que “no es casualidad que altos mandos, personas que hicieron cosas turbias adentro, aparezcan con las manos limpias. Hay que recordar que el tema de los 22 campesinos de Paine no es el único episodio en el que Le Dantec aparece vinculado. Aparece también el año 1975 destinado al campo de prisioneros en Pisagua, que sabemos lo que implicaba. Pero además la ausencia de controles políticos que no permiten que estos elementos sean filtrados antes y se puedan llegar a cumplir roles destacadísimos dentro del ejercito con un pasado que los inhabilita éticamente para desempeñarlos, da cuenta de que el golpismo está vivo al interior de las FF.AA, que aquellos que tuvieron funciones represivas directas hoy día siguen en control y pasan a ser nada más y nada menos que coordinadores generales de toda la rama castrense”.
Por su parte, la Secretaria General de la AFDD, Mireya Figueroa, manifestó que es improbable que el gobierno no haya manejado los antecedentes antes de la nominación de Le Dantec. “Lo otro es que teniendo los antecedentes no se haya actuado en consecuencia, en términos de señalar ninguna persona, aunque sea sospechosa, porque parece que el término sospechoso no tuviera ningún significado judicial y la verdad es que si lo tiene hasta que no se pruebe que no lo es, aunque sea sospechoso no puede ocupar un cargo de esta envergadura que nos involucra a todos los chilenos, si esto no es tan sólo una designación que tenga que ver con las FF.AA, tiene que ver con el país entero”, sindicó la dirigenta.
Consultada sobre si como agrupación esperan que la Presidenta revoque esta designación, Figueroa manifestó que “nosotros vamos a reiterar nuestra posición en el sentido de que se revisen los antecedentes judiciales y se revoque esta designación a Cristián Le Dantec mientras se pruebe que él efectivamente no tiene ninguna responsabilidad en la muerte de los 22 campesinos de Paine”. Leer más...
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó el nombramiento -por parte de la Presidenta Michelle Bachelet- de Cristián Le Dantec, como Jefe del Estado Mayor Conjunto, nuevo cargo que lo ubica a la cabeza de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas de nuestro país, por debajo del Jefe de gobierno y del Ministro de Defensa Nacional.
Mediante un comunicado público, la Agrupación señala que luego del nombramiento, surgen interrogantes que deberán dilucidarse prontamente para que esta nueva responsabilidad sea asumida con la autoridad moral que un cargo de esta naturaleza requiere.
“En el caso de le Dantec no se cumple con esta premisa, ya que el es uno de los cuatro generales del Ejército que figuran en la lista de imputados por el asesinato de 22 campesinos de Paine el año 1973. Este solo antecedente, sumado a la declaración que tuvo que prestar Le Dantec ante el Ministro en Visita de la Corte de San Miguel, Héctor Solís, por el asesinato de los 22 campesinos, lo inhabilita moralmente para se Jefe del Estado Mayor” señala el comunicado.
La referencia a este caso se da por el hecho de que la causa, investigada por el Juez Héctor Solís aún mantiene el caso abierto y citó a declarar en dos ocasiones al ex general del Ejército. De todas maneras, Solí aclaró que según el curso de la investigación, “hasta la fecha no se ha dictado ninguna resolución que signifique tenerlo como parte en este proceso”, lo cual de todas maneras no significa que eventualmente en el futuro sí pueda ocurrir.
“El juez Solís aún indaga para conocer la identidad de otros dos oficiales que, según testigos, participaron en los hechos junto a Andrés Magaña, quien ya está procesado. Uno de ellos sería Le Dantec y en tanto esta sospecha de participación no sea resuelta, Le Dantec simplemente no puede asumir la responsabilidad que le ha sido asignada. Si su nombre es objeto de sospecha de un asesinato vil y alevoso, mal puede asumir tan alta investidura”, señala el documento entregado por la AFDD.
El comunicado también hace mención al hecho de que aún existiendo estos antecedentes judiciales, de los cuales el Ejecutivo estaba en conocimiento, se haya mantenido como director de finanzas del Ejército y que tanto el Ministerio de Defensa como la Presidenta de la República hayan obviado los hechos que lo inhabilitan, designándolo como jefe del Estado Mayor.
Los cuatro oficiales sospechosos, entre los que se encuentra Le Dantec, declararon ante el Juez Solís luego que se conociera públicamente que en 1973, cuando eran subtenientes, pasaron por la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar del operativo que concluyó con los fusilamientos de los 22 campesinos en una quebrada próxima al Lago Rapel.
“La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, exige a las autoridades pertinentes que esta designación sea revisada a luz de los antecedentes judiciales existentes y Le Dantec sea cesado de esta función, reiterando que quién esté involucrado o sea sospechoso de haber participado de violaciones a los derechos humanos no puede ocupar cargo alguno y debe ser removido de las filas de las instituciones armadas” finaliza el comunicado.
En tanto, el abogado querellante en la causa, Hiram Villagra, manifestó que “aquí hay dos hechos que son extremadamente preocupantes, uno es el hecho de que esto demuestra que es tremendamente factible hacer carrera, llegar a los más altos escalafones de los institutos armados teniendo pasado oscuro. El hecho de que él haya sido sindicado como persona responsable y vincular con la desaparición de 22 campesinos en Paine, habla de entrecruzamiento de los hechores personales con los que se supone tenían la responsabilidad de aportar. Hay que pensar todo lo que fue el montaje en torno al anuncio del ejército diciendo que estos cuerpos habían sido arrojados al mar siendo que en estos momentos hay restos que muestran la falsedad de estas versiones”.
El abogado agregó que “no es casualidad que altos mandos, personas que hicieron cosas turbias adentro, aparezcan con las manos limpias. Hay que recordar que el tema de los 22 campesinos de Paine no es el único episodio en el que Le Dantec aparece vinculado. Aparece también el año 1975 destinado al campo de prisioneros en Pisagua, que sabemos lo que implicaba. Pero además la ausencia de controles políticos que no permiten que estos elementos sean filtrados antes y se puedan llegar a cumplir roles destacadísimos dentro del ejercito con un pasado que los inhabilita éticamente para desempeñarlos, da cuenta de que el golpismo está vivo al interior de las FF.AA, que aquellos que tuvieron funciones represivas directas hoy día siguen en control y pasan a ser nada más y nada menos que coordinadores generales de toda la rama castrense”.
Por su parte, la Secretaria General de la AFDD, Mireya Figueroa, manifestó que es improbable que el gobierno no haya manejado los antecedentes antes de la nominación de Le Dantec. “Lo otro es que teniendo los antecedentes no se haya actuado en consecuencia, en términos de señalar ninguna persona, aunque sea sospechosa, porque parece que el término sospechoso no tuviera ningún significado judicial y la verdad es que si lo tiene hasta que no se pruebe que no lo es, aunque sea sospechoso no puede ocupar un cargo de esta envergadura que nos involucra a todos los chilenos, si esto no es tan sólo una designación que tenga que ver con las FF.AA, tiene que ver con el país entero”, sindicó la dirigenta.
Consultada sobre si como agrupación esperan que la Presidenta revoque esta designación, Figueroa manifestó que “nosotros vamos a reiterar nuestra posición en el sentido de que se revisen los antecedentes judiciales y se revoque esta designación a Cristián Le Dantec mientras se pruebe que él efectivamente no tiene ninguna responsabilidad en la muerte de los 22 campesinos de Paine”. Leer más...
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