DECLARACION PUBLICA
Los comunistas de Ñuñoa manifestamos nuestro total repudio a las actitudes y prácticas antidemocráticas, arbitrarias y matonescas del Alcalde de nuestra Comuna, Pedro Sabat, fiel a su pasado de Alcalde designado por el dictador Pinochet.
Los comunistas de Ñuñoa saludamos la valiente, digna y democrática actitud de los Concejales Maya Fernández, Manuel Guerrero, Jaime Castillo y Pablo Vergara; les entregamos toda nuestra solidaridad y hacemos nuestro su ejemplo unitario.
Los comunistas de Ñuñoa solidarizamos con los vecinos de la Comuna víctimas de los sismos y la insensibilidad de las autoridades. También con aquellos que han sufrido y sufren la violencia y arbitrariedad que imperan en Ñuñoa, por ejemplo, lo ocurrido con el alumno de la “emblemática” Escuela Siria.
Los comunistas de Ñuñoa valoramos como un hito histórico la gran asamblea de organizaciones sociales realizada el jueves 13 de abril y de donde surgió una instancia permanente de coordinación de ellas, en defensa de los derechos ciudadanos y por una Comuna democrática y participativa.
Los comunistas de Ñuñoa felicitamos a los educadores que lograron constituir el Sindicato Comunal de Profesores, que sin lugar a dudas, será otro elemento democratizador.
Los comunistas de Ñuñoa convocamos a los partidos y movimientos democráticos, como a todos los independientes progresistas a constituir un amplio y unitario movimiento que tenga por objetivo crear las condiciones para elegir en los próximos comicios municipales un Alcalde democrático, único camino para terminar en la Comuna con los abusos, las arbitrariedades y las persecuciones.
¡Unidad, organización y movilizaciones para forjar una Ñuñoa democrática!
Dirección Comunal Ñuñoa del Partido Comunista de Chile.
Ñuñoa, 17 de mayo de 2010.
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lunes, 17 de mayo de 2010
jueves, 11 de marzo de 2010
PROPUESTAS DEL PARTIDO COMUNISTA PARA AFRONTAR LA CATÁSTROFE
Nuestro país está enfrentado a una gran catástrofe. El terremoto, y el maremoto subsiguiente, provocaron inmensos daños. La trágica muerte de centenares de compatriotas, la destrucción de viviendas y fuentes de trabajo ha develado brutalmente que el modelo de país impuesto en las últimas décadas deja en las mas absoluta indefensión la vida y la integridad física de millones de chilenos, sus bienes y la seguridad nacional. Las instituciones no han funcionado, se ha derrumbado la falsa imagen de país supuestamente desarrollado.
El espíritu de nuestro pueblo se ha expresado en el coraje con que los directamente afectados han enfrentado el cataclismo y en las múltiples formas de solidaridad que muchas organizaciones sociales, entre ellas la CUT, organizaciones estudiantiles, de profesionales y de la cultura y otras promueven para fortalecer la indispensable cadena solidaria. En muchas comunas la solidaridad vecinal se expresa con fuerza. Valoramos esta actitud y hacemos y seguiremos haciendo nuestro aporte en cada lugar.Esta etapa está en curso y debe ser reforzada con una intervención y apoyo mayor del Estado.
A la vez, hay que diseñar una política de reconstrucción y desarrollo del país que saque las lecciones de lo ocurrido que no son sólo efecto del sismo sino consecuencia directa del modelo de Estado y sociedad impuesto a partir de la dictadura de Pinochet.
1. Es esencial revertir la reducción del rol del Estado impuesta por el neoliberalismo que debilitó las capacidades de reacción de la sociedad ante el desastre. Servicios básicos como electricidad, agua, 1. comunicaciones, carreteras y caminos, traspasados a grandes capitales extranjeros y nacionales, mostraron una ineficiencia extrema que agravó la situación de la población a lo que se añadieron errores y debilidades de aparatos de gobierno. Esos sistemas esenciales deben ser convertidos en efectivos servicios públicos y no en negocios. En ellos el Estado debe asumir una responsabilidad decisoria. Las modificaciones legales, las inversiones e intervenciones necesarias deben ser realizadas sin demora.
2. Organismos internacionales han hecho una evaluación de los daños materiales estimándolos en una cifra que varía entre 15 y 30 mil millones de dólares. Es obligatorio hacer un catastro completo de ellos en cada comuna y disponer de datos reales. Se estima en 500 mil las viviendas afectadas en grados diversos lo que significa que no menos de 2 millones de chilenos en problemas, muchos de ellos con todos sus bienes perdidos. Se trata en la mayoría de los casos de gente muy modesta pero también de sectores medios y hasta de altos ingresos que han sido afectados por empresas que construyeron evadiendo las normas de construcción para incrementar sus ganancias. La responsabilidad aquí incluye también a los órganos estatales y municipales responsables del control de calidad y del cumplimiento de las normas antisísmicas obligatorias en un país como el nuestro. Planteamos la revisión a fondo de dichas normas y del sistema de control estatal que hoy es claramente insuficiente y explica muchos de los desastres de las edificaciones nuevas.
3. Proponemos que el Fiscal Nacional ordene la constitución inmediata de fiscales para iniciar procesos de investigación que establezcan las responsabilidades existentes en la construcción deficiente de edificios, casas, de hospitales y escuelas, carreteras y puentes, que han colapsado por irresponsabilidad y dolo. Eso es urgente pues antes de las demoliciones forzadas debe obtenerse muestras y evidencia que permitan un correcto proceso. .
4. Una medida impostergable es el despliegue de un plan de construcción de viviendas y recuperación de la infraestructura vial, educacional, hospitalaria en las zonas afectadas y en todo el país, con diseños e infraestructura adecuada para una vida digna y segura. El proceso de reconstrucción no puede ser convertido en un gigantesco negocio sino ser diseñado con un control público a través de una entidad como la CORFO, reforzada con el personal, medios y recursos para llevar adelante esta tarea y a la que las organizaciones sociales deben tener un acceso expedito para enfrentar la reconstrucción nacional en el marco de un gran movimiento democrático por la reconstrucción del país. Debe rescindirse las concesiones a las empresas cuyas obras se derrumbaron.
5. El sistema de comunicaciones librado al sector empresarial dejó en evidencia sus falencias aumentando con ello la angustia e incertidumbre de las familias a lo largo del país. 6 millones de celulares no permitían conectarse. El rol del Estado para que esto deje de ser un negocio y asegure un servicio garantizado no puede ser eludido por el peso de las concepciones neoliberales.
6. Miles de trabajadores están en riesgo de ser lanzados a la cesantía por graves afectaciones de sus centros de trabajo o por problemas de insumos en otros casos. Debe restablecerse sin limitaciones el que esos trabajadores mantengan sus contratos y en el período de emergencia puedan seguir cursos de formación como se realizó durante el peor período de la crisis mundial reciente empleando los recursos del Fondo Solidario del Seguro de Desempleo.
7. Muchos trabajadores independientes han perdido todos sus medios de trabajo. Un caso dramático es el de los pescadores afectados por el maremoto pero no es el único. El Estado debe asumir la responsabilidad de otorgarles subsidios que les permitan reponer esos medios de trabajo a la brevedad y realizar con urgencia las obras de infraestructura (muelles, pabellones de proceso y otros). Lo propio debe hacerse con otros trabajadores independientes en situación similar.
8. Los empresarios pequeños y medianos han sido fuertemente golpeados por el sismo. Debe diseñarse sin demora un programa de apoyo efectivo de líneas de créditos blandos con activo rol del Banco del Estado para capital fijo y capital de trabajo, consolidar las moratorias preanunciadas y decidir la postergación de pagos de impuestos, para permitir una rápida recuperación de su rol productivo.
9. La idea del Presidente electo de recuperar los equilibrios fiscales y de su Ministro de Hacienda de reducir el déficit fiscal y de contraer la tasa de crecimiento del Gasto público, ya presente en el actual presupuesto, debe ser dejada de lado. El país dispone de recursos para desplegar una política expansiva y el incremento del gasto público puede ser financiado El Fondo de Estabilización Económica y Social (FESES) contaba con 11.284 millones de dólares, cifra que hoy es mayor. Este dinero, que es de todos los chilenos, parte del cual ya fue utilizado durante la crisis, debe ser empleado racional y responsablemente para enfrentar la catástrofe ingresando esos recursos al país sin presionar la reevaluación del peso. Esto no excluye el empleo de recursos de 2% Constitucional para enfrentar los problemas de atención de los problemas inmediatos que son de urgente atención. Adicionalmente, debe proponerse una reforma tributaria que eleve a un 30% la tributación del capital como en los países de OCDE a la que Chile viene de integrarse y establecer sin demora el cobro de un royalty a las transnacionales que explotan el cobre chileno.
10. Es indispensable instalar un sistema nacional para enfrentar emergencias donde todos los órganos del Estado, incluyendo las FF.AA., Carabineros de Chile y Bomberos y una adecuada participación de la sociedad civil diseñen resguardos y acciones inmediatas a realizar en cada caso.
11. Planteamos la creación de una Comisión Nacional de personalidades que acoja las peticiones de las víctimas y damnificados.
12. La magnitud de las insuficiencias de desarrollo nacional democrático que ha dejado en evidencia el desastre ocurrido plantea con urgencia la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo del país. Se requiere sin tardanza proyectar y poner en marcha un proceso de industrialización que ponga fin a un modelo centrado esencialmente en nuestros recursos naturales sin incorporación de valor agregado.
Propondremos una inmediata y amplia discusión en ambas Cámaras, televisada a todo el país, sobre la situación creada y el modo de enfrentarla con acceso al debate de organizaciones sociales, damnificados, FF.AA. y de Orden, Bomberos, Organismos Científicos y otras entidades.
Partido Comunista de Chile
Valparaíso, 11 de marzo de 2010 Leer más...
El espíritu de nuestro pueblo se ha expresado en el coraje con que los directamente afectados han enfrentado el cataclismo y en las múltiples formas de solidaridad que muchas organizaciones sociales, entre ellas la CUT, organizaciones estudiantiles, de profesionales y de la cultura y otras promueven para fortalecer la indispensable cadena solidaria. En muchas comunas la solidaridad vecinal se expresa con fuerza. Valoramos esta actitud y hacemos y seguiremos haciendo nuestro aporte en cada lugar.Esta etapa está en curso y debe ser reforzada con una intervención y apoyo mayor del Estado.
A la vez, hay que diseñar una política de reconstrucción y desarrollo del país que saque las lecciones de lo ocurrido que no son sólo efecto del sismo sino consecuencia directa del modelo de Estado y sociedad impuesto a partir de la dictadura de Pinochet.
1. Es esencial revertir la reducción del rol del Estado impuesta por el neoliberalismo que debilitó las capacidades de reacción de la sociedad ante el desastre. Servicios básicos como electricidad, agua, 1. comunicaciones, carreteras y caminos, traspasados a grandes capitales extranjeros y nacionales, mostraron una ineficiencia extrema que agravó la situación de la población a lo que se añadieron errores y debilidades de aparatos de gobierno. Esos sistemas esenciales deben ser convertidos en efectivos servicios públicos y no en negocios. En ellos el Estado debe asumir una responsabilidad decisoria. Las modificaciones legales, las inversiones e intervenciones necesarias deben ser realizadas sin demora.
2. Organismos internacionales han hecho una evaluación de los daños materiales estimándolos en una cifra que varía entre 15 y 30 mil millones de dólares. Es obligatorio hacer un catastro completo de ellos en cada comuna y disponer de datos reales. Se estima en 500 mil las viviendas afectadas en grados diversos lo que significa que no menos de 2 millones de chilenos en problemas, muchos de ellos con todos sus bienes perdidos. Se trata en la mayoría de los casos de gente muy modesta pero también de sectores medios y hasta de altos ingresos que han sido afectados por empresas que construyeron evadiendo las normas de construcción para incrementar sus ganancias. La responsabilidad aquí incluye también a los órganos estatales y municipales responsables del control de calidad y del cumplimiento de las normas antisísmicas obligatorias en un país como el nuestro. Planteamos la revisión a fondo de dichas normas y del sistema de control estatal que hoy es claramente insuficiente y explica muchos de los desastres de las edificaciones nuevas.
3. Proponemos que el Fiscal Nacional ordene la constitución inmediata de fiscales para iniciar procesos de investigación que establezcan las responsabilidades existentes en la construcción deficiente de edificios, casas, de hospitales y escuelas, carreteras y puentes, que han colapsado por irresponsabilidad y dolo. Eso es urgente pues antes de las demoliciones forzadas debe obtenerse muestras y evidencia que permitan un correcto proceso. .
4. Una medida impostergable es el despliegue de un plan de construcción de viviendas y recuperación de la infraestructura vial, educacional, hospitalaria en las zonas afectadas y en todo el país, con diseños e infraestructura adecuada para una vida digna y segura. El proceso de reconstrucción no puede ser convertido en un gigantesco negocio sino ser diseñado con un control público a través de una entidad como la CORFO, reforzada con el personal, medios y recursos para llevar adelante esta tarea y a la que las organizaciones sociales deben tener un acceso expedito para enfrentar la reconstrucción nacional en el marco de un gran movimiento democrático por la reconstrucción del país. Debe rescindirse las concesiones a las empresas cuyas obras se derrumbaron.
5. El sistema de comunicaciones librado al sector empresarial dejó en evidencia sus falencias aumentando con ello la angustia e incertidumbre de las familias a lo largo del país. 6 millones de celulares no permitían conectarse. El rol del Estado para que esto deje de ser un negocio y asegure un servicio garantizado no puede ser eludido por el peso de las concepciones neoliberales.
6. Miles de trabajadores están en riesgo de ser lanzados a la cesantía por graves afectaciones de sus centros de trabajo o por problemas de insumos en otros casos. Debe restablecerse sin limitaciones el que esos trabajadores mantengan sus contratos y en el período de emergencia puedan seguir cursos de formación como se realizó durante el peor período de la crisis mundial reciente empleando los recursos del Fondo Solidario del Seguro de Desempleo.
7. Muchos trabajadores independientes han perdido todos sus medios de trabajo. Un caso dramático es el de los pescadores afectados por el maremoto pero no es el único. El Estado debe asumir la responsabilidad de otorgarles subsidios que les permitan reponer esos medios de trabajo a la brevedad y realizar con urgencia las obras de infraestructura (muelles, pabellones de proceso y otros). Lo propio debe hacerse con otros trabajadores independientes en situación similar.
8. Los empresarios pequeños y medianos han sido fuertemente golpeados por el sismo. Debe diseñarse sin demora un programa de apoyo efectivo de líneas de créditos blandos con activo rol del Banco del Estado para capital fijo y capital de trabajo, consolidar las moratorias preanunciadas y decidir la postergación de pagos de impuestos, para permitir una rápida recuperación de su rol productivo.
9. La idea del Presidente electo de recuperar los equilibrios fiscales y de su Ministro de Hacienda de reducir el déficit fiscal y de contraer la tasa de crecimiento del Gasto público, ya presente en el actual presupuesto, debe ser dejada de lado. El país dispone de recursos para desplegar una política expansiva y el incremento del gasto público puede ser financiado El Fondo de Estabilización Económica y Social (FESES) contaba con 11.284 millones de dólares, cifra que hoy es mayor. Este dinero, que es de todos los chilenos, parte del cual ya fue utilizado durante la crisis, debe ser empleado racional y responsablemente para enfrentar la catástrofe ingresando esos recursos al país sin presionar la reevaluación del peso. Esto no excluye el empleo de recursos de 2% Constitucional para enfrentar los problemas de atención de los problemas inmediatos que son de urgente atención. Adicionalmente, debe proponerse una reforma tributaria que eleve a un 30% la tributación del capital como en los países de OCDE a la que Chile viene de integrarse y establecer sin demora el cobro de un royalty a las transnacionales que explotan el cobre chileno.
10. Es indispensable instalar un sistema nacional para enfrentar emergencias donde todos los órganos del Estado, incluyendo las FF.AA., Carabineros de Chile y Bomberos y una adecuada participación de la sociedad civil diseñen resguardos y acciones inmediatas a realizar en cada caso.
11. Planteamos la creación de una Comisión Nacional de personalidades que acoja las peticiones de las víctimas y damnificados.
12. La magnitud de las insuficiencias de desarrollo nacional democrático que ha dejado en evidencia el desastre ocurrido plantea con urgencia la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo del país. Se requiere sin tardanza proyectar y poner en marcha un proceso de industrialización que ponga fin a un modelo centrado esencialmente en nuestros recursos naturales sin incorporación de valor agregado.
Propondremos una inmediata y amplia discusión en ambas Cámaras, televisada a todo el país, sobre la situación creada y el modo de enfrentarla con acceso al debate de organizaciones sociales, damnificados, FF.AA. y de Orden, Bomberos, Organismos Científicos y otras entidades.
Partido Comunista de Chile
Valparaíso, 11 de marzo de 2010 Leer más...
miércoles, 10 de marzo de 2010
DECLARACION DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
El Partido Comunista de Chile saluda con emoción a nuestro pueblo, a los trabajadores, a las mujeres y jóvenes que han sufrido el terrible embate de la naturaleza desatado el 27 de febrero pasado.
Nuestros dirigentes, militantes y simpatizantes se han incorporado decididamente a las tareas de emergencia, para entregar ayuda inmediata, rescatar vidas humanas e iniciar el complejo proceso de reconstrucción nacional.
Queremos destacar el rol jugado por las organizaciones sociales de base, de los estudiantes que han participado en heroicas jornadas de trabajo voluntario junto a las vecinas y vecinos organizados en los más recónditos lugares de las regiones centro y sur del país afectadas por el terremoto y maremoto.
La solidaridad de pueblo a pueblo se ha manifestado con gran fuerza y generosidad y esperamos que las autoridades reconozcan el esfuerzo desplegado y cuenten con la organización y la participación de la gente en las tareas de reconstrucción que vienen por delante.
Tenemos el deber de destacar, además, el papel que les ha correspondido a concejales y alcaldes de las comunas más aisladas y abandonadas, junto a fuerzas vivas como son los Bomberos que lograron mantener la conectividad y las comunicaciones cuando la infraestructura oficial interrumpiera el suministro de energía y agua, elementos básicos que lamentablemente están en manos de propietarios privados, pese a constituir una reserva estratégica nacional.
Queremos agradecer especialmente las muestras de solidaridad internacional, expresadas por gobiernos y pueblos hermanos con el envío de ayuda, aportes financieros, hospitales de campaña, médicos y otros elementos esenciales desde Venezuela, Brasil, Cuba, Bolivia, Argentina y otros países que comprometen nuestra gratitud en estos difíciles momentos.
Esperamos y lucharemos para impedir que los planes de reconstrucción signifiquen sólo un negocio rentable para la empresa privada y exigiremos que se tome realmente en cuenta a la gente, a los pequeños y medianos empresarios, a los pescadores artesanales, campesinos y otros sectores y que la participación ciudadana se exprese sin ambages en los programas de renovación de los planos reguladores, de los asentamientos humanos donde corresponda y otras medidas de fondo que habrá que adoptar.
El pueblo tiene que hacer oír su voz y nuestros diputados que asumen el 11 de marzo sabrán representar y expresar los intereses y sentimientos de la mayoría ciudadana en esta lamentable emergencia que ha costado tantas vidas humanas que lamentamos y obras de infraestructura como carreteras y sistemas de comunicaciones que deben ser repuestas con una intervención decisiva del Estado.
Tras la ceremonia de asunción oficial de nuestros diputados ante poder legislativo, la dirección de nuestro Partido dará a conocer públicamente mañana jueves 11 un conjunto de propuestas concretas(ver en adjunto) para hacer frente a la emergencia, que incluyen proyectos de ley, reformas a la actual normativa y cambios administrativos que faciliten el enfrentamiento de una catástrofe como la que sufrimos hace 12 días.
Asimismo, para asegurar el restablecimiento del orden económico y el desarrollo nacional es indispensable que el Gobierno supervigile las actividades empresariales que garanticen trabajo estable y seguro para los habitantes de las poblaciones afectadas.
Las fuerzas armadas y de orden, subordinadas constitucionalmente a las autoridades civiles, deben continuar y perfeccionar sus tareas en apoyo de la ciudadanía en los marcos legales y preservando los avances democráticos logrados con la lucha del pueblo chileno desde largos años.
Nuestro presidente y diputado ha formulado un llamado a todas las fuerzas sociales y políticas del país, a levantar un gran frente democrático por la reconstrucción nacional. Pero nosotros decimos “un Frente Democrático por la Reconstrucción Nacional”; no la "unidad" para reproducir los cimientos de un sistema que se cae a pedazos; ni para reproducir aquella política económica y aquella estructura política e institucional que provocarán la marginación y la desigualdad.
El Partido Comunista reitera su compromiso con los trabajadores y el pueblo en la gran tarea de la reconstrucción democrática del país, y a ella convocamos a organizaciones sociales y políticas a que se sumen a estos objetivos.
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
Santiago, 10 de Marzo 2010
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Nuestros dirigentes, militantes y simpatizantes se han incorporado decididamente a las tareas de emergencia, para entregar ayuda inmediata, rescatar vidas humanas e iniciar el complejo proceso de reconstrucción nacional.
Queremos destacar el rol jugado por las organizaciones sociales de base, de los estudiantes que han participado en heroicas jornadas de trabajo voluntario junto a las vecinas y vecinos organizados en los más recónditos lugares de las regiones centro y sur del país afectadas por el terremoto y maremoto.
La solidaridad de pueblo a pueblo se ha manifestado con gran fuerza y generosidad y esperamos que las autoridades reconozcan el esfuerzo desplegado y cuenten con la organización y la participación de la gente en las tareas de reconstrucción que vienen por delante.
Tenemos el deber de destacar, además, el papel que les ha correspondido a concejales y alcaldes de las comunas más aisladas y abandonadas, junto a fuerzas vivas como son los Bomberos que lograron mantener la conectividad y las comunicaciones cuando la infraestructura oficial interrumpiera el suministro de energía y agua, elementos básicos que lamentablemente están en manos de propietarios privados, pese a constituir una reserva estratégica nacional.
Queremos agradecer especialmente las muestras de solidaridad internacional, expresadas por gobiernos y pueblos hermanos con el envío de ayuda, aportes financieros, hospitales de campaña, médicos y otros elementos esenciales desde Venezuela, Brasil, Cuba, Bolivia, Argentina y otros países que comprometen nuestra gratitud en estos difíciles momentos.
Esperamos y lucharemos para impedir que los planes de reconstrucción signifiquen sólo un negocio rentable para la empresa privada y exigiremos que se tome realmente en cuenta a la gente, a los pequeños y medianos empresarios, a los pescadores artesanales, campesinos y otros sectores y que la participación ciudadana se exprese sin ambages en los programas de renovación de los planos reguladores, de los asentamientos humanos donde corresponda y otras medidas de fondo que habrá que adoptar.
El pueblo tiene que hacer oír su voz y nuestros diputados que asumen el 11 de marzo sabrán representar y expresar los intereses y sentimientos de la mayoría ciudadana en esta lamentable emergencia que ha costado tantas vidas humanas que lamentamos y obras de infraestructura como carreteras y sistemas de comunicaciones que deben ser repuestas con una intervención decisiva del Estado.
Tras la ceremonia de asunción oficial de nuestros diputados ante poder legislativo, la dirección de nuestro Partido dará a conocer públicamente mañana jueves 11 un conjunto de propuestas concretas(ver en adjunto) para hacer frente a la emergencia, que incluyen proyectos de ley, reformas a la actual normativa y cambios administrativos que faciliten el enfrentamiento de una catástrofe como la que sufrimos hace 12 días.
Asimismo, para asegurar el restablecimiento del orden económico y el desarrollo nacional es indispensable que el Gobierno supervigile las actividades empresariales que garanticen trabajo estable y seguro para los habitantes de las poblaciones afectadas.
Las fuerzas armadas y de orden, subordinadas constitucionalmente a las autoridades civiles, deben continuar y perfeccionar sus tareas en apoyo de la ciudadanía en los marcos legales y preservando los avances democráticos logrados con la lucha del pueblo chileno desde largos años.
Nuestro presidente y diputado ha formulado un llamado a todas las fuerzas sociales y políticas del país, a levantar un gran frente democrático por la reconstrucción nacional. Pero nosotros decimos “un Frente Democrático por la Reconstrucción Nacional”; no la "unidad" para reproducir los cimientos de un sistema que se cae a pedazos; ni para reproducir aquella política económica y aquella estructura política e institucional que provocarán la marginación y la desigualdad.
El Partido Comunista reitera su compromiso con los trabajadores y el pueblo en la gran tarea de la reconstrucción democrática del país, y a ella convocamos a organizaciones sociales y políticas a que se sumen a estos objetivos.
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
Santiago, 10 de Marzo 2010
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jueves, 4 de marzo de 2010
Intervención de Guillermo Teillier en conferencia de prensa sobre el terremoto.
Miércoles 3 de marzo 2010
Junto a la concejala Claudia Pascual y al diputado electo por el distrito 5, Lautaro Carmona, el Presidente del PC y diputado electo por el distrito 28 expresó en parte de su intervención:
"Chile no ha aprendido de la experiencia, porque se han producido sismos similares a éste en años anteriores -como en 1960, cuando también hubo maremotos- que nos indicaron que hay cosas que no se deben hacer y otras que hay que tenerlas muy presente.
Por ejemplo, un sistema de comunicaciones eficaz. Se ha mostrado que Chile quedó incomunicado. Con 16 millones de habitantes con celulares, se ha demostrado que este tipo de telefonía no sirvió como debería haber sido en esta situación. Tampoco se puede llegar y construir tan cerca de la costa, por los maremotos, porque ya se pasó por esa experiencia. Se debe hacer una investigación en los organismos responsables de alertar los maremotos, esto no se puede quedar así.
Importantes son las normas para la construcción de edificios en alturas, hay zonas sísmicas en el país -justamente Concepción y Constitución- de manera que las normas de construcción debían observarse de manera muy rígida y da la impresión que no se observaron bien. Debemos dar gracias que el epicentro no fue en Santiago, porque aquí igual se observan construcciones en muy mal estado, significa que hay negligencias.
Pensando en el futuro, creemos que en nuestro trabajo legislativo debemos revisar todos estos temas: de emergencias, de comunicaciones, de normas, etc. Además, que se investigue -es muy clara a la Ley Orgánica Constitucional del MOP- donde hay una ley expresa con los delitos que causen conmoción social y que facultan al Fiscal Nacional y al Consejo del Ministerio Público, para repartir instrucciones y salidas alternativas conforme al artículo 17, 19 y dentro de las facultades del Fiscal Nacional, para nombrar un fiscal especial en caso de delitos de gravedad social y está también muy claro en la Ley General de Urbanismo y Construcción las responsabilidades sobre todo cuando se producen fallas estructurales.
Solicitaremos al Fiscal Nacional que abra un proceso para establecer la responsabilidad en todos los casos en que hubo negligencia y que se resguarden los derechos de las personas.
Es cierto que hay que dar prioridad a las comunas del epicentro, pero acá en Santiago también hay miles de afectados, como en el distrito 28, en San Miguel, centenares de damnificados, igual en Pedro Aguirre Cerda muchos edificios antiguos y en el centro de Santiago también. Hay que hacer ese catastro de forma más exhaustiva. El próximo gobierno deberá hacerse cargo de todos estos problemas.
Ojalá que la reconstrucción de Chile no se convierta en un gran negociado, que no tengamos créditos usurarios. Ya estamos viendo cómo han subido los precios de alimentos, los bancos ya están haciendo ofertas en las zonas más afectadas, ellos piensan en el negocio, pero aquí hay que tener una mirada social.
El gobierno debería evitar en un primer momento, cobrar matrículas, patentes, impuestos, a los más afectados y pensar realmente en créditos blandos para la reconstrucción del país. Que no ocurra lo que pasó en el año 60, que a los pequeños empresarios le dieron créditos blandos pero se los dieron en dólares, pero cuando empezó a subir el dólar, mucha gente se suicidó porque no podía pagar. Eso no debería ocurrir ahora.
Hay que darle ayuda especial a la pesca artesanal, desde San Antonio hacia el sur, hasta Chiloé, que están absolutamente afectados.
Hay que ver la situación de los trabajadores que no haya despidos. Están afectados los caminos para sacar la fruta, la producción forestal y minera, pero ¿qué pasa con los trabajadores?
Antes del gran negocio inmobiliario, hay que darle preferencia a la vivienda social, a los hospitales, muchos han quedado por el suelo, colegios, caminos, puentes, lo que habla de que mucho hay que reconstruir.
Ojalá que el próximo gobierno no deje de lado las promesas que hizo, disculpándose en las dificultades que van a poner el cataclismo, dificultades van a haber pero, al mismo tiempo, sabemos que Chile tiene recursos para la reconstrucción y para mantener o elevar el desarrollo productivo, si existe voluntad política para eso, los recursos están.
No sólo está el 2% constitucional que se va a requerir ahora, que se va a destinar a reconstruir de inmediato, sino que hay fondos, hay reservas. Hay unos 25 o 30 mil millones de dólares de reserva, se puede echar mano a eso.
Nuestro papel va a ser ayudar a organizar a las organizaciones sociales, ayudar en los municipios donde tenemos injerencia, en el catastro de los daños y a exigir que se resuelvan los problemas.
Acerca de los saqueos: Una razón de esto es la desesperación de la gente, porque de lo que nosotros tenemos conocimiento es que hay gente que quedó absolutamente sin nada de alimentos ni agua y la única fuente para abastecerse fueron los supermercados. Los que asaltaron no fueron delincuentes, fue gente común y corriente. Indudablemente también hubo aprovechamiento de delincuentes.
Pero hemos llegado al absurdo que la mitad del país será carabineros y la otra mitad delincuentes. Todos temen que la población del frente será la que venga a asaltarlos, esos son los rumores que corren, por eso aparecen armados con palos, con cuchillos, etc. para defenderse de los vecinos del frente, lo que es absurdo.
Menos mal que estos rumores se han ido acallando, ¿Quién ha echado a correr estos rumores? No sabemos.
Nosotros creemos que la mayoría de la gente está por unirse, organizarse, que se resuelvan los problemas pacíficamente y eso es lo que hay que incentivar y nosotros creemos que las fuerzas armadas deben actuar con moderación, que no hagan oídos de rumores.
Pero que no trate de esconderse bajo este manto de rumores de saqueos, los problemas reales de la gente, que no pongamos como tema principal el tema de los asaltos, sino tratar de resolver los problemas de la gente, obviamente nosotros no estamos de acuerdo con los asaltos, yo creo que nadie está de acuerdo con eso.
No justificamos los saqueos, pero creo que hay una justificación de parte de la propia autoridad que ha dicho que hay que distinguir entre aquellos que sustraen alimentos y aquellos que sacan televisores y línea blanca.
Me parece que lo primero es justificable porque es indudable que en un momento la desesperación fue la que hizo actuar a mucha gente en un primer momento. Pero también, probablemente son delincuentes los que sacaron alimentos en camionetas, bandas organizadas para luego hacer comercio con estos.
Lo mismo que en estos momentos hay inescrupulosos que alzan los precios y están haciendo usura en los lugares más damnificados. Estamos en contra de todo esto. Y la misma autoridad es la que dijo que hay que distinguir.
Nosotros rechazamos las declaraciones de la alcaldesa de Concepción, porque en el fondo ella dijo que si aquí no llega pronto la ayuda, va a haber asaltos en los supermercados. Efectivamente en algunos sectores la autoridad tuvo que contener y lo mejor que hicieron en otras comunas es que los alcaldes actuaron junto a la gente, junto a los dueños de supermercados, en algunos lugares lograron abrir los supermercados y repartieron. Los alcaldes se hicieron responsables, pero en Concepción fue un lenguaje amenazante por parte de la alcaldesa.
No podemos decir si fue lenta la ayuda, porque no sabemos el estado de los caminos, no había comunicación. Yo si creo que fue lento el accionar de las FF.AA., que en un primer momento deberían haber salido a la calle, para eso son en momentos de paz.
En los lugares más complejos deberían haber estado abriendo caminos, llevando carpas de campaña, llevando alimentación. No sé si para eso deben esperar una orden civil o pueden actuar ante una emergencia, esas son las cosas de fondo que hay que revisar en la ley, qué es lo que le compete a cada institución en momentos como éste.
En el caso de la alerta de tsunami, fue una negligencia manifiesta, que hay que investigar, me extraña que aún no haya habido una renuncia que podría incluir al comandante en jefe.
Respecto a cómo lo ha hecho el gobierno, a mi me pareció bien que la Presidenta haya partido de inmediato a sobrevolar la zona afectada y tomó directamente conocimiento de la situación. En cuanto a las medidas, nosotros creemos que esta catástrofe pilló a un gobierno que ya tenía las maletas hechas, porque ya habían estado traspasando los ministerios. Creo que mucha de la falta de reacción inmediata fue eso, un gobierno que se estaba yendo. Que también hay que observarlo desde el punto de vista de la ley, qué pasa en momentos como éste, para que no entren en contradicciones el gobierno que sale con el que entra. O quién es el que manda en el país y no se produzca una competencia de quién es el que manda. Algo de esto se produjo en las declaraciones que hubieron, uno puso énfasis en algunas cosas y el otro en otras.
Lo que reclamaba la gente es la demora en entrega de agua, de alimentos, de ayuda médica, o sea hay reclamos y creo que siempre en este tipo de cosas hay que escuchar a la gente. Uno puede justificar a lo mejor que estaban malos los caminos, pero yo vi que el propio Comandante en Jefe tenía aviones listos que podrían haber despegado que podrían hacer un puente aéreo. ¿Por qué no se hizo?
Hay que aclarar todo, porque esta experiencia tiene que quedar muy bien grabada y asimilada para que no ocurra lo mismo, hay que tener la capacidad de prevenir lo más posible la falta de iniciativa, ¿Por qué no echaron a andar esos aviones? Eso tiene que ser producto de una investigación más profunda, desde el Parlamento.
La ayuda del PC se canaliza a través de las organizaciones sociales, a través de la CONFECH ya iniciamos un trabajo. Nosotros dirigimos varias federaciones estudiantiles y ya los jóvenes están en eso. Se están preparando equipos de profesionales jóvenes para ayudar al territorio.
En el distrito 5 van hacer una caravana desde Diego de Almagro, con todos los municipios del sector hasta Penco, Tomé y Dichato, otras comunas nuestras van a apadrinar otras comunas, no es mucho, pero todo sirve.
También estamos en conversaciones con el que fue el Parlamento Político y Social, con los cuales hemos renovado las alianzas para ver el tema de los trabajadores y vamos a ver qué hacemos, involucrando al Colegio de Profesores y esperamos que más organizaciones sociales se sumen y contribuyan todo lo que puedan.
Nosotros, como partido político, estamos en plena disposición todo lo que se nos pida y que esté a nuestro alcance; también estamos juntando alimentos no perecibles, hay varias "teletones" populares que se están haciendo para ir en ayuda de las comunas más afectadas. Tratando de organizar, ayudar y resolver como se pueda a las personas afectadas". Leer más...
Junto a la concejala Claudia Pascual y al diputado electo por el distrito 5, Lautaro Carmona, el Presidente del PC y diputado electo por el distrito 28 expresó en parte de su intervención:
"Chile no ha aprendido de la experiencia, porque se han producido sismos similares a éste en años anteriores -como en 1960, cuando también hubo maremotos- que nos indicaron que hay cosas que no se deben hacer y otras que hay que tenerlas muy presente.
Por ejemplo, un sistema de comunicaciones eficaz. Se ha mostrado que Chile quedó incomunicado. Con 16 millones de habitantes con celulares, se ha demostrado que este tipo de telefonía no sirvió como debería haber sido en esta situación. Tampoco se puede llegar y construir tan cerca de la costa, por los maremotos, porque ya se pasó por esa experiencia. Se debe hacer una investigación en los organismos responsables de alertar los maremotos, esto no se puede quedar así.
Importantes son las normas para la construcción de edificios en alturas, hay zonas sísmicas en el país -justamente Concepción y Constitución- de manera que las normas de construcción debían observarse de manera muy rígida y da la impresión que no se observaron bien. Debemos dar gracias que el epicentro no fue en Santiago, porque aquí igual se observan construcciones en muy mal estado, significa que hay negligencias.
Pensando en el futuro, creemos que en nuestro trabajo legislativo debemos revisar todos estos temas: de emergencias, de comunicaciones, de normas, etc. Además, que se investigue -es muy clara a la Ley Orgánica Constitucional del MOP- donde hay una ley expresa con los delitos que causen conmoción social y que facultan al Fiscal Nacional y al Consejo del Ministerio Público, para repartir instrucciones y salidas alternativas conforme al artículo 17, 19 y dentro de las facultades del Fiscal Nacional, para nombrar un fiscal especial en caso de delitos de gravedad social y está también muy claro en la Ley General de Urbanismo y Construcción las responsabilidades sobre todo cuando se producen fallas estructurales.
Solicitaremos al Fiscal Nacional que abra un proceso para establecer la responsabilidad en todos los casos en que hubo negligencia y que se resguarden los derechos de las personas.
Es cierto que hay que dar prioridad a las comunas del epicentro, pero acá en Santiago también hay miles de afectados, como en el distrito 28, en San Miguel, centenares de damnificados, igual en Pedro Aguirre Cerda muchos edificios antiguos y en el centro de Santiago también. Hay que hacer ese catastro de forma más exhaustiva. El próximo gobierno deberá hacerse cargo de todos estos problemas.
Ojalá que la reconstrucción de Chile no se convierta en un gran negociado, que no tengamos créditos usurarios. Ya estamos viendo cómo han subido los precios de alimentos, los bancos ya están haciendo ofertas en las zonas más afectadas, ellos piensan en el negocio, pero aquí hay que tener una mirada social.
El gobierno debería evitar en un primer momento, cobrar matrículas, patentes, impuestos, a los más afectados y pensar realmente en créditos blandos para la reconstrucción del país. Que no ocurra lo que pasó en el año 60, que a los pequeños empresarios le dieron créditos blandos pero se los dieron en dólares, pero cuando empezó a subir el dólar, mucha gente se suicidó porque no podía pagar. Eso no debería ocurrir ahora.
Hay que darle ayuda especial a la pesca artesanal, desde San Antonio hacia el sur, hasta Chiloé, que están absolutamente afectados.
Hay que ver la situación de los trabajadores que no haya despidos. Están afectados los caminos para sacar la fruta, la producción forestal y minera, pero ¿qué pasa con los trabajadores?
Antes del gran negocio inmobiliario, hay que darle preferencia a la vivienda social, a los hospitales, muchos han quedado por el suelo, colegios, caminos, puentes, lo que habla de que mucho hay que reconstruir.
Ojalá que el próximo gobierno no deje de lado las promesas que hizo, disculpándose en las dificultades que van a poner el cataclismo, dificultades van a haber pero, al mismo tiempo, sabemos que Chile tiene recursos para la reconstrucción y para mantener o elevar el desarrollo productivo, si existe voluntad política para eso, los recursos están.
No sólo está el 2% constitucional que se va a requerir ahora, que se va a destinar a reconstruir de inmediato, sino que hay fondos, hay reservas. Hay unos 25 o 30 mil millones de dólares de reserva, se puede echar mano a eso.
Nuestro papel va a ser ayudar a organizar a las organizaciones sociales, ayudar en los municipios donde tenemos injerencia, en el catastro de los daños y a exigir que se resuelvan los problemas.
Acerca de los saqueos: Una razón de esto es la desesperación de la gente, porque de lo que nosotros tenemos conocimiento es que hay gente que quedó absolutamente sin nada de alimentos ni agua y la única fuente para abastecerse fueron los supermercados. Los que asaltaron no fueron delincuentes, fue gente común y corriente. Indudablemente también hubo aprovechamiento de delincuentes.
Pero hemos llegado al absurdo que la mitad del país será carabineros y la otra mitad delincuentes. Todos temen que la población del frente será la que venga a asaltarlos, esos son los rumores que corren, por eso aparecen armados con palos, con cuchillos, etc. para defenderse de los vecinos del frente, lo que es absurdo.
Menos mal que estos rumores se han ido acallando, ¿Quién ha echado a correr estos rumores? No sabemos.
Nosotros creemos que la mayoría de la gente está por unirse, organizarse, que se resuelvan los problemas pacíficamente y eso es lo que hay que incentivar y nosotros creemos que las fuerzas armadas deben actuar con moderación, que no hagan oídos de rumores.
Pero que no trate de esconderse bajo este manto de rumores de saqueos, los problemas reales de la gente, que no pongamos como tema principal el tema de los asaltos, sino tratar de resolver los problemas de la gente, obviamente nosotros no estamos de acuerdo con los asaltos, yo creo que nadie está de acuerdo con eso.
No justificamos los saqueos, pero creo que hay una justificación de parte de la propia autoridad que ha dicho que hay que distinguir entre aquellos que sustraen alimentos y aquellos que sacan televisores y línea blanca.
Me parece que lo primero es justificable porque es indudable que en un momento la desesperación fue la que hizo actuar a mucha gente en un primer momento. Pero también, probablemente son delincuentes los que sacaron alimentos en camionetas, bandas organizadas para luego hacer comercio con estos.
Lo mismo que en estos momentos hay inescrupulosos que alzan los precios y están haciendo usura en los lugares más damnificados. Estamos en contra de todo esto. Y la misma autoridad es la que dijo que hay que distinguir.
Nosotros rechazamos las declaraciones de la alcaldesa de Concepción, porque en el fondo ella dijo que si aquí no llega pronto la ayuda, va a haber asaltos en los supermercados. Efectivamente en algunos sectores la autoridad tuvo que contener y lo mejor que hicieron en otras comunas es que los alcaldes actuaron junto a la gente, junto a los dueños de supermercados, en algunos lugares lograron abrir los supermercados y repartieron. Los alcaldes se hicieron responsables, pero en Concepción fue un lenguaje amenazante por parte de la alcaldesa.
No podemos decir si fue lenta la ayuda, porque no sabemos el estado de los caminos, no había comunicación. Yo si creo que fue lento el accionar de las FF.AA., que en un primer momento deberían haber salido a la calle, para eso son en momentos de paz.
En los lugares más complejos deberían haber estado abriendo caminos, llevando carpas de campaña, llevando alimentación. No sé si para eso deben esperar una orden civil o pueden actuar ante una emergencia, esas son las cosas de fondo que hay que revisar en la ley, qué es lo que le compete a cada institución en momentos como éste.
En el caso de la alerta de tsunami, fue una negligencia manifiesta, que hay que investigar, me extraña que aún no haya habido una renuncia que podría incluir al comandante en jefe.
Respecto a cómo lo ha hecho el gobierno, a mi me pareció bien que la Presidenta haya partido de inmediato a sobrevolar la zona afectada y tomó directamente conocimiento de la situación. En cuanto a las medidas, nosotros creemos que esta catástrofe pilló a un gobierno que ya tenía las maletas hechas, porque ya habían estado traspasando los ministerios. Creo que mucha de la falta de reacción inmediata fue eso, un gobierno que se estaba yendo. Que también hay que observarlo desde el punto de vista de la ley, qué pasa en momentos como éste, para que no entren en contradicciones el gobierno que sale con el que entra. O quién es el que manda en el país y no se produzca una competencia de quién es el que manda. Algo de esto se produjo en las declaraciones que hubieron, uno puso énfasis en algunas cosas y el otro en otras.
Lo que reclamaba la gente es la demora en entrega de agua, de alimentos, de ayuda médica, o sea hay reclamos y creo que siempre en este tipo de cosas hay que escuchar a la gente. Uno puede justificar a lo mejor que estaban malos los caminos, pero yo vi que el propio Comandante en Jefe tenía aviones listos que podrían haber despegado que podrían hacer un puente aéreo. ¿Por qué no se hizo?
Hay que aclarar todo, porque esta experiencia tiene que quedar muy bien grabada y asimilada para que no ocurra lo mismo, hay que tener la capacidad de prevenir lo más posible la falta de iniciativa, ¿Por qué no echaron a andar esos aviones? Eso tiene que ser producto de una investigación más profunda, desde el Parlamento.
La ayuda del PC se canaliza a través de las organizaciones sociales, a través de la CONFECH ya iniciamos un trabajo. Nosotros dirigimos varias federaciones estudiantiles y ya los jóvenes están en eso. Se están preparando equipos de profesionales jóvenes para ayudar al territorio.
En el distrito 5 van hacer una caravana desde Diego de Almagro, con todos los municipios del sector hasta Penco, Tomé y Dichato, otras comunas nuestras van a apadrinar otras comunas, no es mucho, pero todo sirve.
También estamos en conversaciones con el que fue el Parlamento Político y Social, con los cuales hemos renovado las alianzas para ver el tema de los trabajadores y vamos a ver qué hacemos, involucrando al Colegio de Profesores y esperamos que más organizaciones sociales se sumen y contribuyan todo lo que puedan.
Nosotros, como partido político, estamos en plena disposición todo lo que se nos pida y que esté a nuestro alcance; también estamos juntando alimentos no perecibles, hay varias "teletones" populares que se están haciendo para ir en ayuda de las comunas más afectadas. Tratando de organizar, ayudar y resolver como se pueda a las personas afectadas". Leer más...
lunes, 1 de marzo de 2010
El pueblo ayuda al pueblo!!
Un terrible terremoto nos ha afectado el dia sabado a las 03:30 am, devastadas estan miles de familias a lo largo de nuestro pais. Ahora que todo está en el suelo, ahora que no nos queda nada, ahora que no hay ni alimentos, es ahora cuando debemos sacar lo mejor de cada uno de nosotros y ayudarnos unos a otros como siempre lo hace el pueblo. El Comunal Ñuñoa ha comenzado, a partir de hoy, a recolectar lo necesario para ir en auxilio de muchas familias de Ñuñoa y otros sectores de la Region Metropolitana y poder sumarnos a la ayuda que el gobierno y diversas instituciones intentan enviar a las zonas mas perjudicadas por este cataclismo. El llamado es a colaborar con lo que pueda cada uno, las donaciones de sangre tambien cuentan, se necesita mucha sangre para todas las regiones devastadas...si esta situacion no toca vuestros corazones, entonces NADA LO HARÁ...aqui, una lista que ha publicado la Cruz Roja con lo que se necesita con urgencia:
-agua
-leche en polvo
- pañales
- colados, picados de bebé
- algodón
- alcohol en gel
- jabón
- comida no perecible
-medicamentos.
LA AYUDA SE PUEDE HACER LLEGAR AL LOCAL DEL COMUNAL ÑUÑOA UBICADO EN LA CALLE LLUTA 381, ESTO SE ENCUENTRA DETRAS DEL SUPERMERCADO DE LOS PRESIDENTES.
TELEFONOS A LOS QUE SE PUEDEN CONTACTAR: 76056566 - 8-9995862 Leer más...
-agua
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- colados, picados de bebé
- algodón
- alcohol en gel
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- comida no perecible
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LA AYUDA SE PUEDE HACER LLEGAR AL LOCAL DEL COMUNAL ÑUÑOA UBICADO EN LA CALLE LLUTA 381, ESTO SE ENCUENTRA DETRAS DEL SUPERMERCADO DE LOS PRESIDENTES.
TELEFONOS A LOS QUE SE PUEDEN CONTACTAR: 76056566 - 8-9995862 Leer más...
martes, 16 de febrero de 2010
ACERCA DE LA LEGALIDAD DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE.
El día viernes 29 de Enero, el Diario Oficial, publicó la Resolución que declara la cancelación de la legalidad de 7 partidos políticos, de los 14 existentes a diciembre de 2009, y que participaron en la elección parlamentaria. Estos son: Partido Comunista de Chile, Partido Humanista, Partido Ecologista, Fuerza País, Partido Izquierda Cristiana de Chile, Chileprimero y Movimiento Amplio Social. La razón legal: no haber alcanzado el 5% de la votación en las regiones en que se encuentran legalmente constituidos, o, en a lo menos, 3 de ellas que sean contiguas, y no haber elegido 4 parlamentarios en las elecciones del día 13 de Diciembre. Todo esto en virtud de la ley Nº 18.603, de Partidos Políticos, una de las joyitas jurídicas del andamiaje antidemocrático impuesto por la dictadura y que se mantiene hasta hoy.
Cabe destacar que los partidos que conservan su legalidad forman parte de las 2 grandes coaliciones políticas, que han gozado, hasta ahora, de las bondades del binominalismo, sin realizar los esfuerzos necesarios para cambiarlo, faltando a todo tipo de promesas y compromisos realizados en ese sentido. El Partido de los Regionalistas Independientes (PRI) conserva su legalidad, a pesar de elegir 3 diputados, igual que el Partido Comunista, pero obteniendo mas del 5% en 3 regiones contiguas.
A lo anterior es necesario agregar como dato relevante que entre 2004 y 2009, otros 9 partidos políticos iniciaron sus trámites de formación y no lograron concluirlos, por lo tanto fueron caducados, sin tener la posibilidad de participar de la vida política nacional.
Hasta aquí la fundamentación de lo resuelto por el Servicio Electoral y que se hace efectivo el 22 de Abril de 2010.
La ley de partidos políticos y todas las leyes del sistema electoral responden a la lógica antidemocrática de la dictadura de Pinochet, que busca coartar la participación de los ciudadanos de manara organizada en la política, colocando requisitos prácticamente inalcanzables para constituir y mantener partidos si no se tiene el dinero o el poder para ello. En efecto, para constituir un partido que actúe en todo el país, se requiere reunir 36.317 firmas, ante notario, de personas inscritas en los registros electorales, en un plazo de 210 días.
Para lograr ese objetivo, MEO declaró haber gastado más de 30 millones de pesos en notarios, a lo que se debe agregar 70 millones de pesos en frases radiales y unos 20 millones más en impresos, gastos de envío, gastos administrativos, personal, etc. Es decir, una campaña de firmas de alcance nacional cuesta más de 120 millones de pesos. Objetivamente, entrar al sistema político no es fácil. Y si no es fácil entrar, tampoco lo es mantenerse, pues; como esta dicho, hay que elegir 4 parlamentarios o tener el 5% de la votación nacional, que, incluye los votos blancos y nulos, o tener el 5% en 3 regiones contiguas geográficamente.
EL CASO DEL PC.
En la pasada elección de diciembre de 2009 fue de público conocimiento que el PC realizó un acuerdo electoral con la Concertación cuyo propósito central era lograr romper y superar la exclusión del parlamento, lo que se tradujo en llevar candidatos en sólo 9 de los 60 distritos y, llevar candidatos realmente competitivos, con posibilidades de ser electos, en 4 distritos. Por lo tanto al PC, políticamente, hay que medirlo por los 9 distritos donde tuvo candidatos y no por los 51 distritos donde no compitió.
Si revisamos las votaciones del PC en los distritos en que tuvo candidatos, los resultados superan con creces los porcentajes requeridos por la ley:
Hugo Gutiérrez, en el distrito 2, obtiene 28.217 votos, con el 30,31%.
Lautaro Carmona, en el distrito 5, obtiene 17.022 votos, con el 27,87%.
Guillermo Teillier, en el distrito 28, obtiene 49.040 votos, con 33,52%.
Cristian Cuevas, en el distrito 46, obtiene 22.326 votos, con 22,92%.
Es decir, donde los comunistas compitieron con posibilidades reales, de un universo de 397.895 votos en disputa, obtuvieron 116.205 votos, con un 29,30%. Casi 1 de cada 3 chilenos voto por un comunista.
Si a estas votaciones agregamos las obtenidas en los distritos 11 – 35 – 39 – 40 y 57 en que los candidatos comunistas acompañaban a los candidatos de la concertación, con casi nulas posibilidades de ser elegidos, las cifras indican lo siguiente: de un universo de 826.890 votos en disputa, la totalidad de candidatos del PC obtienen 134.318 votos, con el 16,24%, más de 3 veces lo que exige la ley para mantenerse dentro del sistema.
Otro dato político importante, que la ley no considera, es que el compañero Jorge Arrate, candidato del Juntos Podemos, del Frente Amplio y de muchos independientes de izquierda, pero que, legalmente, compite como candidato inscrito por el Partido Comunista de Chile, obtiene 433.195 votos, con 6,21%. Este dato es relevante porque permite proyectar de alguna manera que si el PC hubiese llevado candidato en los 60 distritos habría obtenido una votación suficiente para mantener su legalidad.
Estos datos son un categórico desmentido, por si solos, a quienes han sostenido en estos días que es razonable que el PC pierda su legalidad porque no tiene respaldo de votos.
Todo lo anterior, demuestra que no puede ser democrática una ley que de una plumada elimina del sistema a 7 partidos de los 14 existente e impide la formación de 9 partidos en un corto período y que tiene altísimos requisitos para entrar al sistema y le exige a los partidos, cada 4 años, obtener altas votaciones o elegir 4 parlamentarios, guarismos difíciles de alcanzar por fuerzas políticas alternativas o emergentes, favoreciendo a los grandes partidos y coaliciones.
Un sistema democrático debe favorecer la asociación de todos los ciudadanos por sus ideas políticas y facilitar la más amplia participación en todos los asuntos de la vida nacional, tanto de las mayorías como de las minorías que quieran expresarse.
El artículo Nº 1 de la Ley de Partidos políticos señala: “Los partidos políticos son asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurídica, formadas por ciudadanos que comparten una misma doctrina política de gobierno, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional”. Parece ser un correcto enunciado, pero la propia ley se encarga de generar las trabas a su concreción y restringe la actividad de los partidos a las elecciones y al ejercicio del poder, restándoles todo rol en otras esferas de la vida nacional.
La legalidad del PC se puede reestablecer, porque es una fuerza política significativa, por su historia, por sus luchas, porque hoy tiene 3 diputados, 4 alcaldes, 47 concejales, varios consejeros regionales, cientos de dirigentes sindicales, sociales, de DD.HH., de la cultura, estudiantiles, juveniles, de mujeres, etc., en definitiva por su arraigo en la sociedad chilena. Podemos juntar, una vez más, las 36.317 firmas a lo largo del país, podemos fusionarnos con otro partido en la misma situación o que se esté constituyendo o podemos presentar una iniciativa legislativa, apenas se instale el parlamento, que elimine las trabas antes descritas, cuestión de la cual ya existen precedentes. Así mismo se requiere una modificación a las restricciones que la ley les impone a los dirigentes sindicales, quienes deben renunciar a sus cargos para ser candidatos y que luego los priva por 2 años para retomar sus cargos dirigenciales. Aquí ya hay dos peleas que dar en el parlamento, apoyadas en la movilización social y en la demanda popular, que probaran la voluntad democrática de todos los sectores, sobretodo de la derecha, pues se requieren quórum calificados para implementarlas.
Pero lo que debe estar, en definitiva, en el primer lugar de la orden del día es la necesidad de generar las mayorías necesarias para lograr lo que 3 candidatos presidenciales sostuvieron en sus campañas y que quedara establecido en el compromiso asumido y concordado por las fuerzas que apoyaron a Arrate y Frei, traducido en 12 puntos, y que los encabeza, la necesidad del cambio de la Constitución Política pinochetista, en la cual esta normado el sistema electoral antidemocrático existente, y dar paso a un estado verdaderamente democrático, reemplazando al actual que sólo tiene espacios que merecen el calificativo de democráticos.
Para lograr ese objetivo la movilización social y la lucha parlamentaria irán, férreamente, de la mano.
Ricardo Solé Cerda. Leer más...
Cabe destacar que los partidos que conservan su legalidad forman parte de las 2 grandes coaliciones políticas, que han gozado, hasta ahora, de las bondades del binominalismo, sin realizar los esfuerzos necesarios para cambiarlo, faltando a todo tipo de promesas y compromisos realizados en ese sentido. El Partido de los Regionalistas Independientes (PRI) conserva su legalidad, a pesar de elegir 3 diputados, igual que el Partido Comunista, pero obteniendo mas del 5% en 3 regiones contiguas.
A lo anterior es necesario agregar como dato relevante que entre 2004 y 2009, otros 9 partidos políticos iniciaron sus trámites de formación y no lograron concluirlos, por lo tanto fueron caducados, sin tener la posibilidad de participar de la vida política nacional.
Hasta aquí la fundamentación de lo resuelto por el Servicio Electoral y que se hace efectivo el 22 de Abril de 2010.
La ley de partidos políticos y todas las leyes del sistema electoral responden a la lógica antidemocrática de la dictadura de Pinochet, que busca coartar la participación de los ciudadanos de manara organizada en la política, colocando requisitos prácticamente inalcanzables para constituir y mantener partidos si no se tiene el dinero o el poder para ello. En efecto, para constituir un partido que actúe en todo el país, se requiere reunir 36.317 firmas, ante notario, de personas inscritas en los registros electorales, en un plazo de 210 días.
Para lograr ese objetivo, MEO declaró haber gastado más de 30 millones de pesos en notarios, a lo que se debe agregar 70 millones de pesos en frases radiales y unos 20 millones más en impresos, gastos de envío, gastos administrativos, personal, etc. Es decir, una campaña de firmas de alcance nacional cuesta más de 120 millones de pesos. Objetivamente, entrar al sistema político no es fácil. Y si no es fácil entrar, tampoco lo es mantenerse, pues; como esta dicho, hay que elegir 4 parlamentarios o tener el 5% de la votación nacional, que, incluye los votos blancos y nulos, o tener el 5% en 3 regiones contiguas geográficamente.
EL CASO DEL PC.
En la pasada elección de diciembre de 2009 fue de público conocimiento que el PC realizó un acuerdo electoral con la Concertación cuyo propósito central era lograr romper y superar la exclusión del parlamento, lo que se tradujo en llevar candidatos en sólo 9 de los 60 distritos y, llevar candidatos realmente competitivos, con posibilidades de ser electos, en 4 distritos. Por lo tanto al PC, políticamente, hay que medirlo por los 9 distritos donde tuvo candidatos y no por los 51 distritos donde no compitió.
Si revisamos las votaciones del PC en los distritos en que tuvo candidatos, los resultados superan con creces los porcentajes requeridos por la ley:
Hugo Gutiérrez, en el distrito 2, obtiene 28.217 votos, con el 30,31%.
Lautaro Carmona, en el distrito 5, obtiene 17.022 votos, con el 27,87%.
Guillermo Teillier, en el distrito 28, obtiene 49.040 votos, con 33,52%.
Cristian Cuevas, en el distrito 46, obtiene 22.326 votos, con 22,92%.
Es decir, donde los comunistas compitieron con posibilidades reales, de un universo de 397.895 votos en disputa, obtuvieron 116.205 votos, con un 29,30%. Casi 1 de cada 3 chilenos voto por un comunista.
Si a estas votaciones agregamos las obtenidas en los distritos 11 – 35 – 39 – 40 y 57 en que los candidatos comunistas acompañaban a los candidatos de la concertación, con casi nulas posibilidades de ser elegidos, las cifras indican lo siguiente: de un universo de 826.890 votos en disputa, la totalidad de candidatos del PC obtienen 134.318 votos, con el 16,24%, más de 3 veces lo que exige la ley para mantenerse dentro del sistema.
Otro dato político importante, que la ley no considera, es que el compañero Jorge Arrate, candidato del Juntos Podemos, del Frente Amplio y de muchos independientes de izquierda, pero que, legalmente, compite como candidato inscrito por el Partido Comunista de Chile, obtiene 433.195 votos, con 6,21%. Este dato es relevante porque permite proyectar de alguna manera que si el PC hubiese llevado candidato en los 60 distritos habría obtenido una votación suficiente para mantener su legalidad.
Estos datos son un categórico desmentido, por si solos, a quienes han sostenido en estos días que es razonable que el PC pierda su legalidad porque no tiene respaldo de votos.
Todo lo anterior, demuestra que no puede ser democrática una ley que de una plumada elimina del sistema a 7 partidos de los 14 existente e impide la formación de 9 partidos en un corto período y que tiene altísimos requisitos para entrar al sistema y le exige a los partidos, cada 4 años, obtener altas votaciones o elegir 4 parlamentarios, guarismos difíciles de alcanzar por fuerzas políticas alternativas o emergentes, favoreciendo a los grandes partidos y coaliciones.
Un sistema democrático debe favorecer la asociación de todos los ciudadanos por sus ideas políticas y facilitar la más amplia participación en todos los asuntos de la vida nacional, tanto de las mayorías como de las minorías que quieran expresarse.
El artículo Nº 1 de la Ley de Partidos políticos señala: “Los partidos políticos son asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurídica, formadas por ciudadanos que comparten una misma doctrina política de gobierno, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional”. Parece ser un correcto enunciado, pero la propia ley se encarga de generar las trabas a su concreción y restringe la actividad de los partidos a las elecciones y al ejercicio del poder, restándoles todo rol en otras esferas de la vida nacional.
La legalidad del PC se puede reestablecer, porque es una fuerza política significativa, por su historia, por sus luchas, porque hoy tiene 3 diputados, 4 alcaldes, 47 concejales, varios consejeros regionales, cientos de dirigentes sindicales, sociales, de DD.HH., de la cultura, estudiantiles, juveniles, de mujeres, etc., en definitiva por su arraigo en la sociedad chilena. Podemos juntar, una vez más, las 36.317 firmas a lo largo del país, podemos fusionarnos con otro partido en la misma situación o que se esté constituyendo o podemos presentar una iniciativa legislativa, apenas se instale el parlamento, que elimine las trabas antes descritas, cuestión de la cual ya existen precedentes. Así mismo se requiere una modificación a las restricciones que la ley les impone a los dirigentes sindicales, quienes deben renunciar a sus cargos para ser candidatos y que luego los priva por 2 años para retomar sus cargos dirigenciales. Aquí ya hay dos peleas que dar en el parlamento, apoyadas en la movilización social y en la demanda popular, que probaran la voluntad democrática de todos los sectores, sobretodo de la derecha, pues se requieren quórum calificados para implementarlas.
Pero lo que debe estar, en definitiva, en el primer lugar de la orden del día es la necesidad de generar las mayorías necesarias para lograr lo que 3 candidatos presidenciales sostuvieron en sus campañas y que quedara establecido en el compromiso asumido y concordado por las fuerzas que apoyaron a Arrate y Frei, traducido en 12 puntos, y que los encabeza, la necesidad del cambio de la Constitución Política pinochetista, en la cual esta normado el sistema electoral antidemocrático existente, y dar paso a un estado verdaderamente democrático, reemplazando al actual que sólo tiene espacios que merecen el calificativo de democráticos.
Para lograr ese objetivo la movilización social y la lucha parlamentaria irán, férreamente, de la mano.
Ricardo Solé Cerda. Leer más...
lunes, 15 de febrero de 2010
Los Comunistas y la Nueva Forma de hacer Politica
Los tres diputados electos por el Partido Comunista en las últimas elecciones parlamentarias, tendrán un sueldo como profesional, informaron fuentes partidarias.
Así confirmó a Crónica Digital el ex diputado y ex ministro del gobierno de Salvador Allende, José Cademartori, quien reveló que Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez, entregaran su dieta parlamentaria a partir de marzo de este año a su partido y que éste les entregará un sueldo que es asimilado a la realidad particular de cada uno de ellos.
Según información de la Cámara de Diputados, la dieta de libre disposición que recibirán los legisladores para este año 2010 es de 4 millones 978 mil 479 pesos, sin contar viáticos y otros ingresos por distintos conceptos.
Con esta medida, el PC retoma la tradición histórica, instaurada por Luis Emilio Recabarren, de que sus diputados en el Congreso Nacional entreguen su dieta parlamentaria al partido y este define los sueldos de sus legisladores.
Cademartori, señaló que los recursos que recibirán sus congresistas serán destinados al mantenimiento del PC en todo el país y a la organización del movimiento popular.
La determinación del PC da inició a una nueva forma de hacer político o mejor dicho, recupera la ética en política, especialmente en el parlamento que tras 20 años de funcionamiento, es una de las instituciones que peor prestigio tiene en la ciudadanía por los diversos escándalos de sus integrantes en el último tiempo.
HISTORIA DE LA” DIETA” DE LOS PARLAMENTARIOS COMUNISTAS
El cuatro veces diputado por el distrito de Santiago, recordó que la dieta de los parlamentarios comunistas viene desde los tiempos del movimiento comunista internacional, especialmente con Lenin, cuando este propuso a sus legisladores en el Parlamento Ruso que estos deberían entregar sus dietas al partido y que su colectividad les fijaría un sueldo de “obrero calificado”.
Explicó que esta tradición ha sido tomada por los distintos partidos comunistas del mundo. “En el caso de Chile, fue Luis Emilio Recabarren quien propuso esta modalidad cuando él fue diputado y que continuó hasta 1973 y que hoy, nuestros parlamentarios la han asumido”.
Al ser consultado sobre si todos los legisladores comunistas recibían un mismo estipendio, el también varias veces jefe de la bancada comunista, señaló que:”Las remuneraciones que entregaba el partido era de acuerdo a las realidades de cada legislador. Me refiero a la cantidad de hijos o de sus oficios o profesiones, todo eso se tomaba en cuenta”.
“La idea central es que nuestros diputados vivan modestamente. En mi caso se propuso la misma idea antes de ser candidato en el año 1957, en momentos en que era funcionario de la CORFO y yo acepté, sabiendo que la renta que recibía como un alto funcionario público no iba a ser la misma que como parlamentario comunista”, recuerda Cademartori.
Para el miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital, la actual dieta parlamentaria “dista mucho de la que recibíamos en aquellos años. Hoy es mucho mayor. Algunas cosas –me refiero a los dineros que entrega la Corporación a los parlamentarios- se pueden justificar como otras no. Nuestros compañeros en su momentos entregarán una propuesta sobre el particular”.
EL NUEVO ESTILO DE HACER POLITICA
Cademartori, reveló que con la llegada de los comunistas al Parlamento se inaugura una forma de hacer política: “Nuestros diputados recibirán a todos y todas aquellas personas, líderes y organizaciones de la comunidad que quieren exponer sus posiciones sobre tal o cual proyecto de Ley”.
“Para nosotros es importante ser la voz de los sin voz. Los sindicatos, las juntas de vecinos, es decir, toda la comunidad tendrán en nuestros diputados su voz en el Parlamento”, subrayó el economista.
Cademartori, aseguró que los legisladores de su sector “no fomentarán el clientelismo político”, por al contrario, “nuestra existencia como partido es formar a la gente y entregarles las herramientas para luchar por sus derechos, además, es ayudar a elevar la calidad moral de las organizaciones de la ciudadanía. Esa es nuestra misión. Nosotros no estamos por el clientelismo político, pero si relacionarnos con la gente y sus organizaciones naturales”.
Para el miembro del Comité Central del PC, la tarea de sus camaradas en el Congreso –aunque hoy son solo tres- es luchar contra el individualismo y aportar para que la gente tenga una visión más solidaria y colectiva.
En ese sentido, el destacado militante comunista, reveló que su colectividad está haciendo todos los esfuerzos para armar una bancada, para ello, sostuvo que: ”Ya hemos contado con el apoyo de los diputados del Partido Socialista y Por la Democracia, además estamos buscando apoyos de los radicales e independientes”.
El objetivo de la bancada comunista, -según Cademartori- es tener una oposición que defienda las conquistas de los trabajadores y que impida el desmantelamiento del Estado chileno.
El economista fue diputado por el distrito de Santiago en los periodos de 1957 a 1961, de 1961 a 1965, 1965 a 1969 y de 1969 a 1973, dijo que “si se logra tener una bancada en el parlamento, los legisladores podrán participar en varias comisiones, además de presidir alguna de ellas”.
En ese sentido, el ex ministro de Economía de Salvador Allende, reveló que Hugo Gutiérrez ha manifestado su intención de participar en las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, en tanto, Guillermo Teillier, ha señalado que le guitaría estar en la comisión de Trabajo, por su parte, Lautaro Carmona, manifestó su intención de participar en la de Minería. Leer más...
Así confirmó a Crónica Digital el ex diputado y ex ministro del gobierno de Salvador Allende, José Cademartori, quien reveló que Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez, entregaran su dieta parlamentaria a partir de marzo de este año a su partido y que éste les entregará un sueldo que es asimilado a la realidad particular de cada uno de ellos.
Según información de la Cámara de Diputados, la dieta de libre disposición que recibirán los legisladores para este año 2010 es de 4 millones 978 mil 479 pesos, sin contar viáticos y otros ingresos por distintos conceptos.
Con esta medida, el PC retoma la tradición histórica, instaurada por Luis Emilio Recabarren, de que sus diputados en el Congreso Nacional entreguen su dieta parlamentaria al partido y este define los sueldos de sus legisladores.
Cademartori, señaló que los recursos que recibirán sus congresistas serán destinados al mantenimiento del PC en todo el país y a la organización del movimiento popular.
La determinación del PC da inició a una nueva forma de hacer político o mejor dicho, recupera la ética en política, especialmente en el parlamento que tras 20 años de funcionamiento, es una de las instituciones que peor prestigio tiene en la ciudadanía por los diversos escándalos de sus integrantes en el último tiempo.
HISTORIA DE LA” DIETA” DE LOS PARLAMENTARIOS COMUNISTAS
El cuatro veces diputado por el distrito de Santiago, recordó que la dieta de los parlamentarios comunistas viene desde los tiempos del movimiento comunista internacional, especialmente con Lenin, cuando este propuso a sus legisladores en el Parlamento Ruso que estos deberían entregar sus dietas al partido y que su colectividad les fijaría un sueldo de “obrero calificado”.
Explicó que esta tradición ha sido tomada por los distintos partidos comunistas del mundo. “En el caso de Chile, fue Luis Emilio Recabarren quien propuso esta modalidad cuando él fue diputado y que continuó hasta 1973 y que hoy, nuestros parlamentarios la han asumido”.
Al ser consultado sobre si todos los legisladores comunistas recibían un mismo estipendio, el también varias veces jefe de la bancada comunista, señaló que:”Las remuneraciones que entregaba el partido era de acuerdo a las realidades de cada legislador. Me refiero a la cantidad de hijos o de sus oficios o profesiones, todo eso se tomaba en cuenta”.
“La idea central es que nuestros diputados vivan modestamente. En mi caso se propuso la misma idea antes de ser candidato en el año 1957, en momentos en que era funcionario de la CORFO y yo acepté, sabiendo que la renta que recibía como un alto funcionario público no iba a ser la misma que como parlamentario comunista”, recuerda Cademartori.
Para el miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital, la actual dieta parlamentaria “dista mucho de la que recibíamos en aquellos años. Hoy es mucho mayor. Algunas cosas –me refiero a los dineros que entrega la Corporación a los parlamentarios- se pueden justificar como otras no. Nuestros compañeros en su momentos entregarán una propuesta sobre el particular”.
EL NUEVO ESTILO DE HACER POLITICA
Cademartori, reveló que con la llegada de los comunistas al Parlamento se inaugura una forma de hacer política: “Nuestros diputados recibirán a todos y todas aquellas personas, líderes y organizaciones de la comunidad que quieren exponer sus posiciones sobre tal o cual proyecto de Ley”.
“Para nosotros es importante ser la voz de los sin voz. Los sindicatos, las juntas de vecinos, es decir, toda la comunidad tendrán en nuestros diputados su voz en el Parlamento”, subrayó el economista.
Cademartori, aseguró que los legisladores de su sector “no fomentarán el clientelismo político”, por al contrario, “nuestra existencia como partido es formar a la gente y entregarles las herramientas para luchar por sus derechos, además, es ayudar a elevar la calidad moral de las organizaciones de la ciudadanía. Esa es nuestra misión. Nosotros no estamos por el clientelismo político, pero si relacionarnos con la gente y sus organizaciones naturales”.
Para el miembro del Comité Central del PC, la tarea de sus camaradas en el Congreso –aunque hoy son solo tres- es luchar contra el individualismo y aportar para que la gente tenga una visión más solidaria y colectiva.
En ese sentido, el destacado militante comunista, reveló que su colectividad está haciendo todos los esfuerzos para armar una bancada, para ello, sostuvo que: ”Ya hemos contado con el apoyo de los diputados del Partido Socialista y Por la Democracia, además estamos buscando apoyos de los radicales e independientes”.
El objetivo de la bancada comunista, -según Cademartori- es tener una oposición que defienda las conquistas de los trabajadores y que impida el desmantelamiento del Estado chileno.
El economista fue diputado por el distrito de Santiago en los periodos de 1957 a 1961, de 1961 a 1965, 1965 a 1969 y de 1969 a 1973, dijo que “si se logra tener una bancada en el parlamento, los legisladores podrán participar en varias comisiones, además de presidir alguna de ellas”.
En ese sentido, el ex ministro de Economía de Salvador Allende, reveló que Hugo Gutiérrez ha manifestado su intención de participar en las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, en tanto, Guillermo Teillier, ha señalado que le guitaría estar en la comisión de Trabajo, por su parte, Lautaro Carmona, manifestó su intención de participar en la de Minería. Leer más...
El Pasado Oscuro del Nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto
El nombramiento del nuevo cargo de las Fuerzas Armadas ocurre cuando aún pesa sobre el ex general del Ejército una causa como imputado por el asesinato de 22 campesinos de Paine el año 1973.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó el nombramiento -por parte de la Presidenta Michelle Bachelet- de Cristián Le Dantec, como Jefe del Estado Mayor Conjunto, nuevo cargo que lo ubica a la cabeza de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas de nuestro país, por debajo del Jefe de gobierno y del Ministro de Defensa Nacional.
Mediante un comunicado público, la Agrupación señala que luego del nombramiento, surgen interrogantes que deberán dilucidarse prontamente para que esta nueva responsabilidad sea asumida con la autoridad moral que un cargo de esta naturaleza requiere.
“En el caso de le Dantec no se cumple con esta premisa, ya que el es uno de los cuatro generales del Ejército que figuran en la lista de imputados por el asesinato de 22 campesinos de Paine el año 1973. Este solo antecedente, sumado a la declaración que tuvo que prestar Le Dantec ante el Ministro en Visita de la Corte de San Miguel, Héctor Solís, por el asesinato de los 22 campesinos, lo inhabilita moralmente para se Jefe del Estado Mayor” señala el comunicado.
La referencia a este caso se da por el hecho de que la causa, investigada por el Juez Héctor Solís aún mantiene el caso abierto y citó a declarar en dos ocasiones al ex general del Ejército. De todas maneras, Solí aclaró que según el curso de la investigación, “hasta la fecha no se ha dictado ninguna resolución que signifique tenerlo como parte en este proceso”, lo cual de todas maneras no significa que eventualmente en el futuro sí pueda ocurrir.
“El juez Solís aún indaga para conocer la identidad de otros dos oficiales que, según testigos, participaron en los hechos junto a Andrés Magaña, quien ya está procesado. Uno de ellos sería Le Dantec y en tanto esta sospecha de participación no sea resuelta, Le Dantec simplemente no puede asumir la responsabilidad que le ha sido asignada. Si su nombre es objeto de sospecha de un asesinato vil y alevoso, mal puede asumir tan alta investidura”, señala el documento entregado por la AFDD.
El comunicado también hace mención al hecho de que aún existiendo estos antecedentes judiciales, de los cuales el Ejecutivo estaba en conocimiento, se haya mantenido como director de finanzas del Ejército y que tanto el Ministerio de Defensa como la Presidenta de la República hayan obviado los hechos que lo inhabilitan, designándolo como jefe del Estado Mayor.
Los cuatro oficiales sospechosos, entre los que se encuentra Le Dantec, declararon ante el Juez Solís luego que se conociera públicamente que en 1973, cuando eran subtenientes, pasaron por la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar del operativo que concluyó con los fusilamientos de los 22 campesinos en una quebrada próxima al Lago Rapel.
“La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, exige a las autoridades pertinentes que esta designación sea revisada a luz de los antecedentes judiciales existentes y Le Dantec sea cesado de esta función, reiterando que quién esté involucrado o sea sospechoso de haber participado de violaciones a los derechos humanos no puede ocupar cargo alguno y debe ser removido de las filas de las instituciones armadas” finaliza el comunicado.
En tanto, el abogado querellante en la causa, Hiram Villagra, manifestó que “aquí hay dos hechos que son extremadamente preocupantes, uno es el hecho de que esto demuestra que es tremendamente factible hacer carrera, llegar a los más altos escalafones de los institutos armados teniendo pasado oscuro. El hecho de que él haya sido sindicado como persona responsable y vincular con la desaparición de 22 campesinos en Paine, habla de entrecruzamiento de los hechores personales con los que se supone tenían la responsabilidad de aportar. Hay que pensar todo lo que fue el montaje en torno al anuncio del ejército diciendo que estos cuerpos habían sido arrojados al mar siendo que en estos momentos hay restos que muestran la falsedad de estas versiones”.
El abogado agregó que “no es casualidad que altos mandos, personas que hicieron cosas turbias adentro, aparezcan con las manos limpias. Hay que recordar que el tema de los 22 campesinos de Paine no es el único episodio en el que Le Dantec aparece vinculado. Aparece también el año 1975 destinado al campo de prisioneros en Pisagua, que sabemos lo que implicaba. Pero además la ausencia de controles políticos que no permiten que estos elementos sean filtrados antes y se puedan llegar a cumplir roles destacadísimos dentro del ejercito con un pasado que los inhabilita éticamente para desempeñarlos, da cuenta de que el golpismo está vivo al interior de las FF.AA, que aquellos que tuvieron funciones represivas directas hoy día siguen en control y pasan a ser nada más y nada menos que coordinadores generales de toda la rama castrense”.
Por su parte, la Secretaria General de la AFDD, Mireya Figueroa, manifestó que es improbable que el gobierno no haya manejado los antecedentes antes de la nominación de Le Dantec. “Lo otro es que teniendo los antecedentes no se haya actuado en consecuencia, en términos de señalar ninguna persona, aunque sea sospechosa, porque parece que el término sospechoso no tuviera ningún significado judicial y la verdad es que si lo tiene hasta que no se pruebe que no lo es, aunque sea sospechoso no puede ocupar un cargo de esta envergadura que nos involucra a todos los chilenos, si esto no es tan sólo una designación que tenga que ver con las FF.AA, tiene que ver con el país entero”, sindicó la dirigenta.
Consultada sobre si como agrupación esperan que la Presidenta revoque esta designación, Figueroa manifestó que “nosotros vamos a reiterar nuestra posición en el sentido de que se revisen los antecedentes judiciales y se revoque esta designación a Cristián Le Dantec mientras se pruebe que él efectivamente no tiene ninguna responsabilidad en la muerte de los 22 campesinos de Paine”. Leer más...
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó el nombramiento -por parte de la Presidenta Michelle Bachelet- de Cristián Le Dantec, como Jefe del Estado Mayor Conjunto, nuevo cargo que lo ubica a la cabeza de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas de nuestro país, por debajo del Jefe de gobierno y del Ministro de Defensa Nacional.
Mediante un comunicado público, la Agrupación señala que luego del nombramiento, surgen interrogantes que deberán dilucidarse prontamente para que esta nueva responsabilidad sea asumida con la autoridad moral que un cargo de esta naturaleza requiere.
“En el caso de le Dantec no se cumple con esta premisa, ya que el es uno de los cuatro generales del Ejército que figuran en la lista de imputados por el asesinato de 22 campesinos de Paine el año 1973. Este solo antecedente, sumado a la declaración que tuvo que prestar Le Dantec ante el Ministro en Visita de la Corte de San Miguel, Héctor Solís, por el asesinato de los 22 campesinos, lo inhabilita moralmente para se Jefe del Estado Mayor” señala el comunicado.
La referencia a este caso se da por el hecho de que la causa, investigada por el Juez Héctor Solís aún mantiene el caso abierto y citó a declarar en dos ocasiones al ex general del Ejército. De todas maneras, Solí aclaró que según el curso de la investigación, “hasta la fecha no se ha dictado ninguna resolución que signifique tenerlo como parte en este proceso”, lo cual de todas maneras no significa que eventualmente en el futuro sí pueda ocurrir.
“El juez Solís aún indaga para conocer la identidad de otros dos oficiales que, según testigos, participaron en los hechos junto a Andrés Magaña, quien ya está procesado. Uno de ellos sería Le Dantec y en tanto esta sospecha de participación no sea resuelta, Le Dantec simplemente no puede asumir la responsabilidad que le ha sido asignada. Si su nombre es objeto de sospecha de un asesinato vil y alevoso, mal puede asumir tan alta investidura”, señala el documento entregado por la AFDD.
El comunicado también hace mención al hecho de que aún existiendo estos antecedentes judiciales, de los cuales el Ejecutivo estaba en conocimiento, se haya mantenido como director de finanzas del Ejército y que tanto el Ministerio de Defensa como la Presidenta de la República hayan obviado los hechos que lo inhabilitan, designándolo como jefe del Estado Mayor.
Los cuatro oficiales sospechosos, entre los que se encuentra Le Dantec, declararon ante el Juez Solís luego que se conociera públicamente que en 1973, cuando eran subtenientes, pasaron por la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar del operativo que concluyó con los fusilamientos de los 22 campesinos en una quebrada próxima al Lago Rapel.
“La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, exige a las autoridades pertinentes que esta designación sea revisada a luz de los antecedentes judiciales existentes y Le Dantec sea cesado de esta función, reiterando que quién esté involucrado o sea sospechoso de haber participado de violaciones a los derechos humanos no puede ocupar cargo alguno y debe ser removido de las filas de las instituciones armadas” finaliza el comunicado.
En tanto, el abogado querellante en la causa, Hiram Villagra, manifestó que “aquí hay dos hechos que son extremadamente preocupantes, uno es el hecho de que esto demuestra que es tremendamente factible hacer carrera, llegar a los más altos escalafones de los institutos armados teniendo pasado oscuro. El hecho de que él haya sido sindicado como persona responsable y vincular con la desaparición de 22 campesinos en Paine, habla de entrecruzamiento de los hechores personales con los que se supone tenían la responsabilidad de aportar. Hay que pensar todo lo que fue el montaje en torno al anuncio del ejército diciendo que estos cuerpos habían sido arrojados al mar siendo que en estos momentos hay restos que muestran la falsedad de estas versiones”.
El abogado agregó que “no es casualidad que altos mandos, personas que hicieron cosas turbias adentro, aparezcan con las manos limpias. Hay que recordar que el tema de los 22 campesinos de Paine no es el único episodio en el que Le Dantec aparece vinculado. Aparece también el año 1975 destinado al campo de prisioneros en Pisagua, que sabemos lo que implicaba. Pero además la ausencia de controles políticos que no permiten que estos elementos sean filtrados antes y se puedan llegar a cumplir roles destacadísimos dentro del ejercito con un pasado que los inhabilita éticamente para desempeñarlos, da cuenta de que el golpismo está vivo al interior de las FF.AA, que aquellos que tuvieron funciones represivas directas hoy día siguen en control y pasan a ser nada más y nada menos que coordinadores generales de toda la rama castrense”.
Por su parte, la Secretaria General de la AFDD, Mireya Figueroa, manifestó que es improbable que el gobierno no haya manejado los antecedentes antes de la nominación de Le Dantec. “Lo otro es que teniendo los antecedentes no se haya actuado en consecuencia, en términos de señalar ninguna persona, aunque sea sospechosa, porque parece que el término sospechoso no tuviera ningún significado judicial y la verdad es que si lo tiene hasta que no se pruebe que no lo es, aunque sea sospechoso no puede ocupar un cargo de esta envergadura que nos involucra a todos los chilenos, si esto no es tan sólo una designación que tenga que ver con las FF.AA, tiene que ver con el país entero”, sindicó la dirigenta.
Consultada sobre si como agrupación esperan que la Presidenta revoque esta designación, Figueroa manifestó que “nosotros vamos a reiterar nuestra posición en el sentido de que se revisen los antecedentes judiciales y se revoque esta designación a Cristián Le Dantec mientras se pruebe que él efectivamente no tiene ninguna responsabilidad en la muerte de los 22 campesinos de Paine”. Leer más...
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