El Pasado Oscuro del Nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto

El nombramiento del nuevo cargo de las Fuerzas Armadas ocurre cuando aún pesa sobre el ex general del Ejército una causa como imputado por el asesinato de 22 campesinos de Paine el año 1973.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó el nombramiento -por parte de la Presidenta Michelle Bachelet- de Cristián Le Dantec, como Jefe del Estado Mayor Conjunto, nuevo cargo que lo ubica a la cabeza de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas de nuestro país, por debajo del Jefe de gobierno y del Ministro de Defensa Nacional.

Mediante un comunicado público, la Agrupación señala que luego del nombramiento, surgen interrogantes que deberán dilucidarse prontamente para que esta nueva responsabilidad sea asumida con la autoridad moral que un cargo de esta naturaleza requiere.

“En el caso de le Dantec no se cumple con esta premisa, ya que el es uno de los cuatro generales del Ejército que figuran en la lista de imputados por el asesinato de 22 campesinos de Paine el año 1973. Este solo antecedente, sumado a la declaración que tuvo que prestar Le Dantec ante el Ministro en Visita de la Corte de San Miguel, Héctor Solís, por el asesinato de los 22 campesinos, lo inhabilita moralmente para se Jefe del Estado Mayor” señala el comunicado.

La referencia a este caso se da por el hecho de que la causa, investigada por el Juez Héctor Solís aún mantiene el caso abierto y citó a declarar en dos ocasiones al ex general del Ejército. De todas maneras, Solí aclaró que según el curso de la investigación, “hasta la fecha no se ha dictado ninguna resolución que signifique tenerlo como parte en este proceso”, lo cual de todas maneras no significa que eventualmente en el futuro sí pueda ocurrir.

“El juez Solís aún indaga para conocer la identidad de otros dos oficiales que, según testigos, participaron en los hechos junto a Andrés Magaña, quien ya está procesado. Uno de ellos sería Le Dantec y en tanto esta sospecha de participación no sea resuelta, Le Dantec simplemente no puede asumir la responsabilidad que le ha sido asignada. Si su nombre es objeto de sospecha de un asesinato vil y alevoso, mal puede asumir tan alta investidura”, señala el documento entregado por la AFDD.

El comunicado también hace mención al hecho de que aún existiendo estos antecedentes judiciales, de los cuales el Ejecutivo estaba en conocimiento, se haya mantenido como director de finanzas del Ejército y que tanto el Ministerio de Defensa como la Presidenta de la República hayan obviado los hechos que lo inhabilitan, designándolo como jefe del Estado Mayor.

Los cuatro oficiales sospechosos, entre los que se encuentra Le Dantec, declararon ante el Juez Solís luego que se conociera públicamente que en 1973, cuando eran subtenientes, pasaron por la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar del operativo que concluyó con los fusilamientos de los 22 campesinos en una quebrada próxima al Lago Rapel.

“La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, exige a las autoridades pertinentes que esta designación sea revisada a luz de los antecedentes judiciales existentes y Le Dantec sea cesado de esta función, reiterando que quién esté involucrado o sea sospechoso de haber participado de violaciones a los derechos humanos no puede ocupar cargo alguno y debe ser removido de las filas de las instituciones armadas” finaliza el comunicado.

En tanto, el abogado querellante en la causa, Hiram Villagra, manifestó que “aquí hay dos hechos que son extremadamente preocupantes, uno es el hecho de que esto demuestra que es tremendamente factible hacer carrera, llegar a los más altos escalafones de los institutos armados teniendo pasado oscuro. El hecho de que él haya sido sindicado como persona responsable y vincular con la desaparición de 22 campesinos en Paine, habla de entrecruzamiento de los hechores personales con los que se supone tenían la responsabilidad de aportar. Hay que pensar todo lo que fue el montaje en torno al anuncio del ejército diciendo que estos cuerpos habían sido arrojados al mar siendo que en estos momentos hay restos que muestran la falsedad de estas versiones”.

El abogado agregó que “no es casualidad que altos mandos, personas que hicieron cosas turbias adentro, aparezcan con las manos limpias. Hay que recordar que el tema de los 22 campesinos de Paine no es el único episodio en el que Le Dantec aparece vinculado. Aparece también el año 1975 destinado al campo de prisioneros en Pisagua, que sabemos lo que implicaba. Pero además la ausencia de controles políticos que no permiten que estos elementos sean filtrados antes y se puedan llegar a cumplir roles destacadísimos dentro del ejercito con un pasado que los inhabilita éticamente para desempeñarlos, da cuenta de que el golpismo está vivo al interior de las FF.AA, que aquellos que tuvieron funciones represivas directas hoy día siguen en control y pasan a ser nada más y nada menos que coordinadores generales de toda la rama castrense”.

Por su parte, la Secretaria General de la AFDD, Mireya Figueroa, manifestó que es improbable que el gobierno no haya manejado los antecedentes antes de la nominación de Le Dantec. “Lo otro es que teniendo los antecedentes no se haya actuado en consecuencia, en términos de señalar ninguna persona, aunque sea sospechosa, porque parece que el término sospechoso no tuviera ningún significado judicial y la verdad es que si lo tiene hasta que no se pruebe que no lo es, aunque sea sospechoso no puede ocupar un cargo de esta envergadura que nos involucra a todos los chilenos, si esto no es tan sólo una designación que tenga que ver con las FF.AA, tiene que ver con el país entero”, sindicó la dirigenta.

Consultada sobre si como agrupación esperan que la Presidenta revoque esta designación, Figueroa manifestó que “nosotros vamos a reiterar nuestra posición en el sentido de que se revisen los antecedentes judiciales y se revoque esta designación a Cristián Le Dantec mientras se pruebe que él efectivamente no tiene ninguna responsabilidad en la muerte de los 22 campesinos de Paine”.