A propósito del 11 de Septiembre de 1973

Ivan Ljubetic.-


Han existido variados intentos por echar tierra a uno de los hechos más terribles de nuestra historia: el golpe fascista del 11 de septiembre de 1973 y la dictadura que le siguió.

Deseo recordar uno de esos intentos. Fue la auto llamada “Mesa de Diálogo”, que puso en marcha el sábado 21 de agosto de 1999, Edmundo Pérez Yoma, entonces Ministro de Defensa del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y actual Ministro del Interior de la Presidenta Bachelet.

UN “DIÁLOGO” SIN UNA DE LAS PARTES
Apenas se conoció la noticia de ella, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se manifestaron en su contra. Declararon que no participarían en ella y que los tres abogados de derechos humanos, que tomaron parte de esta maniobra (Pamela Pereira, Héctor Salazar y Roberto Garretón) no las representaban. Además de estos tres abogados tomaron parte en esa mesa, el ministro Pérez Yoma, representantes de las fuerzas armadas, de la Iglesia y otras personas.

Sola Sierra, la imprescindible, entonces Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, había expresado a mediados de junio de 1999:
“Los familiares de las víctimas no tenemos que buscar ningún acuerdo ni sentarnos a ninguna mesa a negociar nada. PORQUE AQUÍ NO HAY NADA QUE NEGOCIAR.
Nuestros planteamientos han sido muy claros: exigimos que se reconozca nuestro legítimo derecho a la justicia, y vamos a seguir planteando que aquí tiene que haber verdad y justicia
Plena; no verdades arqueológicas, ni verdades que surjan en una oficina a la que supuestamente llegaría un señor sin identidad a entregar una información que tampoco va a ser comprobable”.

Queda claro que ese “dialogo” fue entre dos referentes principales: el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle y las fuerzas armadas.

UNA DECLARACIÓN MENTIROSA
El martes 31 de agosto de 1999 tuvo lugar una segunda sesión. Culminó sus funciones el martes 13 de junio de 1999, oportunidad en que se acordó emitir una declaración pública, en la cual se expresó un homenaje a la “valentía y coraje de la fuerzas armadas”.

En una parte de esa Declaración se decía:
“Chile sufrió, a partir de la década de los 60 un espiral de violencia política, que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar.
Fue particularmente serio que algunos de ellos hayan propiciado la violencia como método de acción política.
Este grave social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen, legítimamente, distintas opiniones”.

Este párrafo de 66 palabras contiene cuatro graves tergiversaciones de la verdad histórica.
¿Ignorancia o intento por falsificar la historia de Chile?

Tenemos cuatro pregunta en torno a este párrafo de la declaración:
1.- ¿Cuál fue la ‘espiral de violencia’ a partir de la década de los 60?
2.- ¿Quiénes han propiciado y llevado a cabo la violencia como método de acción política?
3.- ¿A qué llaman los ‘hechos’ del 11 de septiembre de 1973?
4.- ¿Qué hay de las legítimas ‘distintas opiniones’ sobre los ‘hechos’ del 11 de septiembre
de 1973?

LA MENTIRA TIENE LAS PATAS CORTAS
Respondemos:
1.- ¿Cuál fue la ‘espiral de violencia’ entre 1960 y 1973?
Durante ese lapso hubo tres gobiernos:
- el del derechista Jorge Alessandri Rodríguez, entre 1958 y 1964, que llevó a cabo tres masacres;
- el del democratacristiano Eduardo Frei Montalva, 1964 -1970 que perpetró 10 masacres; y
- el de Salvador Allende, 1970 – 1973, de la Unidad Popular, donde no hubo ninguna masacre.

2.- Han sido las clases explotadores las que siempre han propiciado y llevado a cabo la violencia como método de acción política.
En el siglo XX hubo 55 masacres de trabajadores, pobladores y estudiantes:
- cinco durante el Gobierno de Germán Riesco (1901- 1906);
- una (la de Santa María de Iquique) en el Gobierno de Pedro Montt (1906 – 1910);
- seis durante la Presidencia de Juan Luis Sanfuentes (1915 – 1920);
- ocho en el primer Gobierno de Arturo Alessandri Palma (1920 – 1925);
- una en la Administración de Juan Esteban Montero (1931 – 1932);
- cuatro en el segundo Gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932 –1938);
- cuatro en la Presidencia de Juan Antonio Ríos (1942 –1946);
- tres en la Vicepresidencia de Alfredo Duhalde (enero - noviembre 1946)
- seis en el Gobierno de Gabriel González Videla (1946 – 1952);
- cuatro en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952 –1958);
- tres en la Presidencia de Jorge Alessandri Rodríguez (1958 – 1964);
- diez en el Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964 –1970)
A esto, debemos agregar el terrible genocidio de la dictadura de Pinochet.
Estas han sido las formas más agudas de la violencia reaccionaria. Además están las diversas formas de represión, la cesantía, la miseria, los bajos salarios, los abusos patronales, los despidos sin justificación; las falsificaciones de la realidad llevada a cabo por la inmensa mayoría de los medios de comunicación en manos de las clases poseedoras, por ejemplo en la prensa escrita por el duopolio El Mercurio – COPESA, etc.

3.- ¿A qué llama la Declaración de la Mesa de Diálogo los “hechos” del 11 de septiembre de 1973?
Al más terrible golpe fascista de la historia de América, que no fue la culminación
-como pretende esa Declaración- de una “espiral de violencia”, sino el resultado de una confabulación encabezada por el estadounidense Comité 40, que tenía como uno de sus componentes a la CIA.
El asalto a la democracia del 11 de septiembre de 1973 no sólo fue fascista porque utilizó la violencia extrema (un ejemplo ello, fue el bombardeo de La Moneda, innecesario desde un punto de vista militar, pero eficaz para imponer el terror a la población), sino porque su objetivo no era reemplazar un gobierno por otro, sino destruir un sistema democrático e imponer una feroz dictadura que cambiaría a Chile en todos los aspectos.

4.- ¿Qué hay de las legítimas “distintas opiniones sobre los ‘hechos del 11 de septiembre de 1973”?
Los hechos históricos son objetivos. Ocurren como ocurren en la realidad.
Hubo ese día un golpe de Estado. Un grupo de generales traidores, encabezados por Pinochet, utilizaron a soldados -que habían jurado defender la Constitución Política- para derrocar un gobierno constitucional, democráticamente elegido Para ello contaron con el apoyo logístico y financiero de Estados Unidos, que intervino descaradamente en nuestros asuntos internos. Se bombardeó y se atacó con fuerzas militares el Palacio de Gobierno; se asesinó a partidarios del Gobierno Popular; se dictó el toque de queda; fueron detenidos militantes y simpatizantes de la Unidad Popular.
Estos son los hechos objetivos. Otra cosa es la interpretación de esos hechos. Ella está de acuerdo según el rol que le correspondió jugar a cada cual en esos hechos. Hubo dos actores principales: los verdugos y sus cómplices, por un lado; las víctimas, por el otro.
Un tercer papel, lo jugaron los “extras” , o sea, la parte de la población que no estuvo involucrada directamente en los acontecimientos.
Naturalmente, cada sector tienen su propia interpretación de los hechos. Pero no todas son “legítimas”, como pretendió hacer creer la Mesa de Diálogo. La interpretación de los asesinos y sus cómplices, de ayer y de hoy, es un intento por justificar el feroz crimen cometido contra Chile, la Democracia, el Gobierno constitucional y el pueblo. Es también el intento por tergiversar las realizaciones de Salvador Allende y la Unidad Popular, por responsabilizar, como ha ocurrido en toda masacre, a las víctimas de los sucesos.
La legítima interpretación de los hechos sólo la pueden efectuar las víctimas y sus familiares.
Y ésta es la que fue acogida por la conciencia democrática mundial.

AMPLIOS SECTORES CON LA MESA DE DIÁLOGO
El 29 de junio de 2000 se vota en el Parlamento el Proyecto sobre la Mesa de Diálogo enviado por el Ejecutivo. La inmensa mayoría lo votó favorablemente. Apenas tres diputados democratacristiano se abstienen y sólo un senador, sólo uno en todo el Congreso Nacional, votó en contra. Fue el senador Jorge Lavandero, representando a las víctimas de la dictadura fascista y sus familiares.
El viernes 5 de enero de 2001 las Fuerzas Armadas, con gran difusión de los medios de comunicación oficialistas y de la reacción, entregaron al Presidente Lagos un informe sobre el destino corrido por 200 detenidos desaparecidos. Muchos creen que se abren las posibilidades de conocer por fin la verdad. Muchos menos los familiares de las víctimas del genocidio.
Sábado 6, el Presidente de la República hace llegar esos antecedentes a la Corte Suprema. Al día siguiente Lagos se dirige al país para hablar de la expectación y la gran esperanza que significa el valiente y ejemplar paso dado por la fuerzas armadas.
El martes 16 de enero, el Gobierno entrega a la Corte Suprema antecedentes complementarios sobre el paradero de detenidos desaparecidos arrojados al mar, según las fuerzas armadas.

UNA VEZ EL ENGAÑO DE LAS FF AA
En la lista de los 200 detenidos desaparecidos arrojados al océano, apareció el nombre del obrero Juan Luis Rivera Matus, detenido por agentes del Comando Conjunto el 6 de noviembre de 1975. Según el informe de los militares su cuerpo había sido lanzado al mar a 40 millas al oeste del puerto de San Antonio. Al conocer la noticia, familiares de él, incluso algunos que viajaron desde Europa, lanzan coronas al océano frente a San Antonio.
Pero, miércoles 25 de abril de 2001, la Ministra en Visita Amanda Valdovinos les comunicó que la primera osamenta hallada el 17 de marzo de 2001, en el Fuerte Arteaga –un lugar no informado por las FFAA, correspondía a Juan Luis Rivera Matus. Sus restos fueron velados en la Casa de la Memoria Sola Sierra, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en la sede del Comité Central de Partido Comunista, ubicado entonces en San Pablo. Sus emotivos funerales se efectuaron elo sábado 12 de mayo de 2001.
Por esos días se comprobó que en otros siete casos los datos entregados por las FF AA eran falsos.
Esos fueron los resultados de una Mesa de Diálogo la que, con toda razón, fueron rechazados por los familiares de las víctimas del genocidio fascista. La inmensa mayoría del destino de los detenidos desaparecidos sigue sin conocerse.
Sigue, por tanto, vigente la consigna: “Verdad y Justicia, nada más, pero nada menos”